“Cuando está de por medio la seguridad del Estado,
no hay constituciones ni leyes que valgan una chingada”.
Miguel Nazar Haro, ex director de la DFS
Si algo ha sido duramente criticado entre los muchos desatinos cometidos por el
régimen de la llamada “cuarta transformación” desde que tomaron las riendas del
poder en México, es el fortalecimiento de los órganos oficiales del uso de la
fuerza, lo cual a lo único que ha apuntado siempre en el pasado es a la represión
de quienes considera los “enemigos” del Estado. No es ésta la excepción.
Contrario al discurso recurrente que por años enarboló el lopezobradorismo y
sobre todo, contra lo prometido en campaña a millones de ciudadanos que
creyeron en su movimiento, apenas llegó éste al poder lo primero que hizo fue
elevar a rango constitucional la militarización de la seguridad pública con la
creación de la Guardia Nacional. Estrategia que ya probó su fracaso tanto para
controlar a la delincuencia como para devolver la paz perdida al país.
Darle ese nivel de poder a las fuerzas castrenses –por mucho que aleguen que
están bajo el mando civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana- implica severos riesgos para los derechos humanos y civiles. Aunque
por lo que hemos visto, no para los de los delincuentes, contra quienes los
soldados y policías tienen prohibido responder a una agresión o un ilícito en
flagrancia –verbigracia, el caso Tlahuelilpan a principios de año-, sino para los de
los ciudadanos de a pie que comienzan a ser objeto de vejaciones.
Por ejemplo, en la capital del estado de Veracruz cada vez hay más quejas acerca
de los retenes que han instalado las fuerzas de la Guardia Nacional que, sin
motivo alguno, realizan “cacheos” denigrantes contra hombres y mujeres que
circulan ya sea de día o de noche por transitadas avenidas. Incluso, una profesora
universitaria fue despojada de su vehículo, golpeada, robadas sus pertenencias y
dinero y detenida por varias horas con el pretexto de un supuesto estado de
ebriedad. Nadie ha sido llamado a cuentas por esta arbitrariedad, que fue
denunciada por la vía penal y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Si esto pasa en una entidad como la veracruzana, puede usted imaginar lo que
sucederá en el estado de Tabasco, donde el gobierno del morenista Adán Augusto
López Hernández –con el beneplácito del presidente Andrés Manuel López
Obrador- impulsó –y logró que se aprobara- una ley que criminaliza la protesta
pública, en estos términos: “al que extorsione o impida total o parcialmente el libre
tránsito de personas para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas se
le impondrá prisión de seis a 13 años de cárcel”.
¿Cuántos años habría pasado tras las rejas el actual titular del Ejecutivo federal,
quien tomó en cuatro ocasiones instalaciones petroleras en esa entidad, de haber
sido vigente esta ley en aquel tiempo en Tabasco? ¿O por el plantón de 2006 en
la avenida Reforma de la Ciudad de México? Pues ahora, los legisladores
oficiosos incluso se plantean la posibilidad de discutir una reforma legal similar a
nivel federal, con un claro objetivo: amedrentar a la oposición, disuadir la protesta
social en contra del gobierno y, en términos simples, instalar un aparato represivo
autoritario antidemocrático.
El profundo desprecio mostrado por la “4T” por los derechos de terceros con tal de
construir y mantener un poder omnímodo en el país, solo es comparable al que en
su momento mostró el régimen del PRI más rancio, autocrático y totalitario. Aquel
que decía encabezar las luchas de los países del “tercer mundo” mientras
desaparecía opositores. El que creó el delito de “disolución social” para encarcelar
a sus críticos por “desestabilizar” el país. El que asesinaba estudiantes porque
veía conspiradores por todos lados.
Gutiérrez Barrios estaría orgulloso de la “4T”. El alumno supera con creces al
maestro.
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