Además de buscar doblegarlos a través de campañas sistemáticas de desprestigio
y de su “colonización” con personajes afines, el régimen de la autoproclamada
“cuarta transformación” intenta desaparecer mediante la asfixia financiera
cualquier vestigio de contrapeso institucional a los designios del Ejecutivo.
Tras la emboscada que literalmente le tendieron los diputados lopezobradoristas al
presidente del Instituto Nacional Electoral durante su comparecencia de la semana
pasada, de la cual salió bastante bien librado pese a la virulencia y las agresiones
en su contra, la andanada contra el árbitro electoral –con un hedor a venganza-
pasó a un nivel ya probado en otras esferas públicas desde el año pasado: el de
quitarle los recursos financieros con los cuales opera.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja –nunca mejor
aplicado ese término- aprobó la tarde de este martes el dictamen del Presupuesto
de Egresos de la Federación de 2022, en el que se establece una severa
reducción de recursos para el organismo electoral el año entrante, por cuatro mil
913 millones de pesos.
El recorte equivale a casi 20 por ciento del presupuesto del INE, que pasaría de 24
mil 649 millones contemplados originalmente a 19 mil 736 millones de pesos, que
si bien no es poco dinero, sí compromete la operación del instituto en un año en el
que no solamente habrá elecciones en seis entidades de la República –en cuya
organización coadyuva con los organismos electorales locales-, sino que deberá
preparar y llevar a cabo, por ley, la consulta de revocación de mandato del
Presidente de México.
Para sacar adelante ese ejercicio de “democracia directa” convocado por el propio
régimen y no por la ciudadanía del país –lo cual de suyo pone en duda sus
verdaderas motivaciones, como mencionamos en la anterior entrega de la
Rúbrica-, el INE solicitó un presupuesto específico de tres mil 830.4 millones de
pesos, con lo cual estimó sería suficiente para cumplir con sus atribuciones
constitucionales relacionadas con dicha consulta, ya que implica el nombramiento
de más de 484 mil funcionarios y funcionarias de casilla, así como la instalación de
más de 161 mil mesas receptoras en todo el país.
Si bien ninguna iniciativa de presupuesto es inamovible cuando se discute en el
órgano legislativo, lo que se aprobó en el dictamen que se discutirá este miércoles
en el Pleno de San Lázaro –y seguramente será “mayoriteado” por el morenato
neopriista- es, en los hechos, quitarle por completo al INE los recursos para la
consulta de revocación de mandato. ¿Y por qué el régimen que promueve la
referida consulta querría hacer algo así?, se preguntará usted.
Pues para culpar al INE de un eventual fracaso del ejercicio –se necesita la
votación de por lo menos el 40 por ciento del padrón electoral para hacer
vinculantes sus resultados-, similar al del falso “juicio contra los ex presidentes”,
con el que el lopezobradorismo hizo un monumental ridículo y solo exhibió cuán
tramposo puede ser.
Tras esa experiencia, es claro que el aparato político, gubernamental y
propagandístico del régimen echará toda la carne al asador. Por supuesto que no
para que prospere una eventual revocación del mandato de Andrés Manuel López
Obrador –no hay nada que indique que eso pudiera ocurrir-, sino para fortalecer
en el imaginario colectivo la idea de que “todo” el “pueblo” aclama al presidente y
que si no se alcanzan los porcentajes requeridos por la ley, la culpa es del árbitro
que ese mismo año tiene elecciones en Aguascalientes, Quintana Roo, Durango,
Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.
El lopezobradorismo resentido no logró hacer mella en el INE durante las
elecciones de este año porque el órgano electoral hizo un trabajo impecable, con
todo y la inquina oficial en su contra, gracias a que toda su maquinaria institucional
funcionó como reloj suizo.
El régimen lo que quiere es poner su propia hora. Como 40 años para atrás.
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