Rúbrica El sucio lucro de Ayotzinapa Por Aurelio Contreras Moreno

Rúbrica
El sucio lucro de Ayotzinapa
Por Aurelio Contreras Moreno

El tema que acaparó la agenda de la opinión pública este fin de semana fue el de
las revelaciones que la periodista Peniley Ramírez hizo sobre la investigación de
la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En su columna publicada en el diario Reforma el sábado pasado, la periodista
refirió el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la
Justicia del Caso Ayotzinapa, al cual tuvo acceso en una versión sin testar, esto
es, sin censura, a diferencia de la que hizo pública la Subsecretaría de Derechos
Humanos de Gobernación, tachada casi en su totalidad.
En su texto, Peniley Ramírez señala que el informe establece que “casi todos los
43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron
asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche”, lo cual era lo más
obvio, luego de ocho años sin rastro de ellos y a sabiendas de la forma salvaje en
que operan las bandas del crimen organizado.
Peniley Ramírez además publicó en Twitter fragmentos del informe con las
conversaciones entre exfuncionarios, militares e integrantes del crimen
organizado, en las que detallan muy claramente el destino de los 43 estudiantes. Y
particularmente, esos mensajes demuestran que miembros del
Ejército mantuvieron con vida a seis de los normalistas hasta el 30 de
septiembre de 2014, para luego asesinarlos y desaparecer sus cuerpos.
“Más de un mes después de los asesinatos, el 3 de noviembre de 2014, más
mensajes siguen haciendo referencia al encubrimiento. Cuerpos que han movido
de lugar, que los han reubicado para que no encuentren los restos. Los mensajes
insinúan que varios de los cuerpos fueron movidos al interior del Campo Militar del
27 Batallón de Infantería, en Iguala, pues ‘allí no entraba nadie”, señaló la
periodista en su hilo de Twitter.
Esto provocó una furibunda reacción del régimen en contra de la periodista, que
fue linchada en redes por voceros, pseudoacadémicos y textoservidores de la “4t”,
que cuestionaron su ética por hacer público un informe oficial del Estado
mexicano, bajo el argumento de que “revictimizó” a los estudiantes desaparecidos
al publicar cómo habían sido asesinados.
Todos los días y desde hace por lo menos 16 años, en México se informa sobre la
violencia de los grupos criminales –que ni la política de “abrazos, no balazos” ni la
presencia de los militares en tareas de seguridad pública han logrado contener en
absoluto-, y se reporta sin ambages la brutalidad de sus métodos: las ejecuciones
masivas, los descuartizamientos, los cuerpos colgados en puentes o embolsados
y abandonados en la vía pública.
¿Sería preferible que no nos enteráramos de nada de eso? Sin duda, eso
hubiesen querido las autoridades del pasado y por supuesto, eso desean las del
presente, porque es un reflejo nítido de su fracaso.
Los paleros y sicarios digitales de la “4t” también arguyen que la publicación pone
en riesgo investigaciones en curso. Lo cual es absurdo, porque el informe no está

clasificado como confidencial ni sometido a reserva. Estaba censurado, ya vimos,
por otro tipo de intereses, pero esencialmente es público.
Lo que hizo Peniley Ramírez –periodista egresada de la Facultad de Ciencias de
la Comunicación de la Universidad Veracruzana, por cierto- fue simplemente
cumplir con su trabajo. Gracias a su oficio y a su notoriedad, consiguió un
documento de gran valor periodístico y de enorme interés público y con éste, hizo
lo que cualquier reportero habría hecho: publicarlo. Y si bien su contenido es
tremendo, es la realidad de este país desde hace años, la que no desaparece con
cerrar los ojos.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el
principio de máxima publicidad debe aplicarse en lo relativo a investigaciones
sobre delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos y
genocidios. Es el caso, sin asomo de duda. Entonces, ¿por qué la furia por las
revelaciones?
El régimen ataca feroz a Peniley Ramírez porque exhibió sus mentiras. En el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador –y en el de Enrique Peña Nieto
también- siempre supieron que los 43 fueron brutalmente asesinados. Pero eso no
les habría servido para lucrar con la “esperanza” de encontrarlos, bandera con la
que prácticamente logró arribar al poder la “4t”. Y por si no bastase, quedó más
claro que nunca que el Ejército, al que le han cedido todo el poder y quieren que
eso se eternice, fue responsable directo en el crimen.
Lo que convenientemente callan los “cuatreros” es que la filtración del documento
provino desde dentro del propio gobierno, ya sea la Secretaría de Gobernación o
la Fiscalía General de la República. Y como lo indicó puntualmente el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), “ante las
filtraciones debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad
generan confusión y dolor, no a la prensa”.
Pero para la “4t”, siempre es preferible matar al mensajero. Máxime, si desnudó su
sucio lucro político de ocho años con el tema de Ayotzinapa.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

Noticias relacionadas