Rúbrica
El real golpista
Por Aurelio Contreras Moreno
La discusión sobre la reforma judicial que se llevará a cabo de aquí al mes de
septiembre tiene que ver con la viabilidad de un verdadero sistema de justicia para
el país, que el obradorato quiere convertir en una –otra más- simulación, en su
loca carrera y desbordada ambición por concentrar absolutamente todo el poder
en el Ejecutivo.
La iniciativa con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende no
acabar con la corrupción –que en su sexenio y su administración ha sido rampante
y descarada-, sino vengarse y someter a la Suprema Corte, compromete el
funcionamiento de todo el sistema de justicia, pues mientras desmantela al Poder
Judicial al despojarlo de facto de su autonomía, deja intacto el malfuncionamiento
de todas las fiscalías del país, empezando por la General de la República, fuente
de la mayoría de los rezagos y corruptelas que obstaculizan el acceso a la justicia
en México.
Al tener únicamente motivaciones políticas, la reforma desmerece como enmienda
jurídica, amén de que el supuesto de que pretende “democratizar” la justicia no es
más que una falacia, un engaño demagogo que esconde –y ni siquiera
demasiado- su intención de acabar con el equilibrio de poderes para, en su lugar,
colocar en el Poder Judicial de la Federación a jueces, magistrados y ministros
cuyo compromiso no sea con la defensa de la Constitución –razón de ser de ese
poder de la Unión-, sino con el partido, fuerza política o poder fáctico que los
impulse para llegar y permanecer en el cargo.
Y este último punto es quizás el que resulta más grave, y también más
sospechoso. Como lo han mencionado ya varios analistas, en las no pocas
regiones del país bajo control del crimen organizado –por obra u omisión del
gobierno-, ¿quién cree que va a operar una elección, en especial de jueces, que
son los que de manera directa les pueden brindar impunidad? La respuesta, de
tan obvia, genera suspicacias sobre las reales motivaciones del obradorato para
insistir en una reforma que en los hechos, ya no tiene necesidad política de llevar
a cabo.
Con el actual texto constitucional, el gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum
tendría la posibilidad de proponer ministros para la Suprema Corte de Justicia que,
a diferencia de lo que ocurrido en este sexenio, no tendrían problema alguno para
pasar la aduana del Congreso de la Unión, pues Morena lo controlará por
completo.
Esto es, una vez que concluyese el periodo de varios de los ministros no alineados
al régimen en el siguiente sexenio, podrían impulsar –como no han tenido recato
en hacer- a togados afines a sus intereses. Podrían llenar sin problema la Corte de
“Yasmines” o de “Lenias”, 100 por ciento leales a “la causa” y cero por ciento
capaces para articular argumento jurídico alguno que no sea vil demagogia.
Sin embargo, por lo que el verdadero factor de poder en México –el todavía
presidente Andrés Manuel López Obrador, porque Claudia Sheinbaum es una
convidada de piedra- ha optado es por el desmantelamiento del sistema de pesos
y contrapesos que le dio viabilidad democrática a la República las últimas tres
décadas.
Y eso, en palabras de la magistrada Paula María García Villegas Sánchez
Cordero, hija de la ministra en retiro y senadora de Morena Olga Sánchez
Cordero, significaría exactamente lo mismo de lo que el régimen se la pasó
asustando con el “petate del muerto” durante todo el sexenio: un golpe de Estado
técnico.
“Yo llamo a la reconsideración de este tema, por favor, para que puedan llegar los
mejores jueces y magistrados y técnicamente no haya un golpe de Estado,
porque desaparecería todo un poder público”, alertó en sus redes la hija de la ex
ministra, quien luego borró el video que publicó. Pero el testimonio quedó.
¿Quién es el real golpista aquí?
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