Rúbrica
El que a hierro mata…
Por Aurelio Contreras Moreno
En septiembre de 2019, Verónica Hernández Giadáns fue impuesta como fiscal
general del estado de Veracruz a través de un verdadero asalto al organismo,
violando la ley con su mismo nombramiento y prefigurando la andanada autoritaria
del nefasto gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Verónica Hernández Giadáns era hasta ese entonces una empleada de segundo
nivel de la Secretaría de Gobierno, su directora jurídica, sin perfil para un cargo de
esa envergadura, pues ni siquiera se especializaba en derecho penal. Pero su
cercanía con su entonces poderoso jefe, Eric Cisneros Burgos, fue suficiente para
imponerla como una fiscal a modo, que desde ese momento se limitó a ejecutar
las órdenes que le daban desde esa oficina, en especial las de perseguir a los
adversarios del régimen y meterlos a la cárcel.
La última “misión” que le encomendaron fue desempolvar una vieja denuncia
contra el que hasta ese momento era uno de los peores enemigos del morenato
en Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien imputó por presentar
documentos falsos y mentir a la autoridad cuando intentó ser candidato a la
alcaldía del puerto jarocho en 2021. Aunque la verdadera motivación era impedirle
que rindiera protesta como senador del PAN.
La orden de aprehensión librada contra Yunes Márquez fue suficiente para que a
éste se le quitara lo hablador, se doblara ante la “4t” y se volviera lacayo del
morenato, votando a favor de la reforma judicial y de todo lo que le ordenen desde
entonces, a cambio de lo cual, la Fiscalía de Hernández Giadáns tuvo que retirar
los cargos contra el cobarde senador.
Pero la suerte de Hernández Giadáns estaba echada desde antes. A dos semanas
de las elecciones a la gubernatura, fueron extirpados del gobierno estatal todos los
operadores de Eric Cisneros, quien de ser alfil de Rocío Nahle se convirtió en su
oponente y le disputó la candidatura de Morena, incluso haciéndole una guerra de
propaganda negra, lo cual, la ex secretaria de Energía no le perdonaría hasta la
fecha.
La única pieza de Cisneros que logró mantenerse en el gobierno de Cuitláhuac
García luego de la “purga” fue Hernández Giadáns. Más por la dificultad de
removerla al ser titular de un organismo autónomo -en el papel-, que porque
hubiera confianza alguna en su desempeño. Pero era claro que Rocío Nahle no la
dejaría continuar en el cargo en su sexenio, por más que se aferrase a que había
sido designada por un periodo de nueve años, como llegó cándidamente a
declarar.
A escasos cuatro días de que se dé la transmisión del Poder Ejecutivo de
Veracruz, en el Legislativo un diputado local de Morena –para que la cuña apriete-
, Diego Castañeda Aburto, presentó una iniciativa para reformar la Constitución del
Estado, bajar de nueve a cuatro años el periodo en el cargo de fiscal general, así
como establecer la ratificación o remoción de la titularidad del organismo como
facultad del Congreso.
La dedicatoria directa para Hernández Giadáns viene en el párrafo que establece
que “tomando en consideración que la temporalidad cubierta por la actual titular ha
rebasado el lapso señalado para el primer periodo de duración (cuatro años), por
única ocasión y de manera excepcional, dentro de los dos días posteriores a la
entrada en vigor del presente decreto, formulará el requerimiento para que, en el
mismo plazo, la Fiscal General del Estado en turno manifieste si es su interés o no
someterse al procedimiento de ratificación. Una vez que se obtenga el sentido de
su respuesta, el procedimiento continuará conforme a los términos establecidos”.
O dicho más claramente: a Verónica Hernández Giadáns le piensan aplicar la ley
de manera retroactiva –lo cual se supone que no es legal, aunque en México ya
no hay manera de ampararse contra los abusos de poder-, pues a pesar de que
fue designada por nueve años, la someterán al nuevo criterio de un primer periodo
de cuatro. Y si aun así no entiende y pretende ser “ratificada”, lo que vendrá será
el escarnio de la remoción bajo cualquier argumento. Que de hecho, sobrarían,
pues nunca debió ocupar ese cargo, para empezar.
Verónica Hernández Giadáns llegó a la Fiscalía General del Estado a partir de una
ilegal destitución de su antecesor y una grotesca imposición de su persona sin
cubrir ninguna formalidad legal. Fue todos estos años una fiscal espuria y
sometida a los caprichos y abusos del Ejecutivo. Va a salir del cargo de la misma
manera como llegó. Y si no comprende las señales que le están enviando, puede
acabar igual que los otros dos fiscales que ha tenido el estado de Veracruz.
El que a hierro mata…
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