Rúbrica
El espejo retrovisor
Por Aurelio Contreras Moreno
La historia política de México ha demostrado ser como una espiral que, lejos de
avanzar hacia la consolidación democrática, parece girar sobre sí misma para
invariablemente regresar a sus momentos más oscuros con una sorprendente
naturalidad. La propuesta de reforma político-electoral impulsada por Claudia
Sheinbaum es un ejemplo de ello.
Bajo el disfraz de eficiencia administrativa y austeridad republicana, se asoma una
intención manifiesta: reconcentrar de manera absoluta el poder político en el
Ejecutivo, desmantelar los contrapesos institucionales y restaurar el control
hegemónico que caracterizó al viejo régimen priista durante décadas.
La narrativa oficial habla de reducir el costo de las elecciones, disminuir el número
de legisladores, recortar el financiamiento público a los partidos políticos y “hacer
más eficientes” los organismos electorales, como si se tratase de una
modernización del sistema político. Pero como suele ocurrir en todos los
regímenes autoritarios, no son sino meros pretextos para eliminar de tajo la
pluralidad político-partidista y que ésta no pase de ser un elemento decorativo y a
la vez, legitimador de un régimen cerrado, sordo y arbitrario como el que gobernó
al país durante 70 años. Y como el que construyen sus “herederos” en Morena.
Una de las propuestas más graves es la de reducir el número de representantes
populares desapareciendo a los legisladores plurinominales, lo que no significa
una mejora en la calidad democrática y ni siquiera es un verdadero ahorro
financiero. Lo que sí implicaría es una disminución de voces no oficialistas, una
exclusión de las minorías y una concentración de decisiones en un solo estrato, tal
como ocurría hasta antes de la reforma política de 1977, aquella sí de vanguardia.
Es hacia un estadio como el de esa época hacia donde el obradorismo pretende
llevar al país, a pesar de que, particularmente, la representación proporcional fue
una conquista democrática de la izquierda a la que dice pertenecer, y que permitió
la inclusión de todas esas fuerzas políticas minoritarias en el Congreso que de otra
forma, habrían seguido siendo meramente testimoniales y como hasta entonces,
perseguidas.
Pero va más allá. Se pretende un recorte y hasta la desaparición del
financiamiento público de los partidos políticos para asfixiar a la oposición, de por
sí reducida a su mínima expresión por “mérito” propio. Dirán que el recorte es
parejo y también le quitarán esos recursos a Morena, que no los necesita. Con el
dinero del gobierno, vía los programas clientelares y el desvío descarado, les
basta y sobra para operar. A lo único que se le abriría la puerta de manera masiva
sería a recursos de dudosa y seguramente ilegal procedencia para hacer política.
De por sí.
Con la captura total de los organismos electorales el régimen buscará “cerrar la
pinza”. Vulnerada ya la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), su rol ha cambiado
y ya no garantizan de ninguna manera certeza en la organización y sanción de los
procesos electorales. Sumado a todo lo anterior, se trata del fin del sistema
democrático construido durante los últimos 50 años por muchos de quienes hoy,
paradójicamente, están encomendados a destruirlo, como Pablo Gómez.
La creación de la comisión presidencial para diseñar la reforma que encabeza uno
de los principales beneficiarios del actual sistema electoral –Pablo Gómez lleva
medio siglo saltando de plurinominal en plurinominal- es una prueba clara de esta
intención. En lugar de convocar a un diálogo plural, con participación de todos los
sectores políticos y sociales, el gobierno ha optado por un diseño vertical, donde
los funcionarios del Ejecutivo tienen la batuta. La oposición ha denunciado que no
ha sido convocada ni escuchada. El proceso, lejos de ser democrático, es una
imposición y una simulación.
El gobierno ha anunciado la realización de foros y audiencias públicas para
discutir la reforma. Pero como ha ocurrido en otros procesos legislativos, estos
espacios suelen ser meras puestas en escena, donde las decisiones ya están
tomadas y la participación ciudadana es decorativa, ya que no hay voluntad de
construir consensos, sino de imponer una visión única.
La mayoría de los integrantes de la comisión presidencial son funcionarios del
régimen, sin independencia ni pluralidad. Su papel no será diseñar una reforma
democrática, sino confeccionar un traje a la medida de Morena. Un traje
autoritario, que permita al partido gobernante perpetuarse en el poder sin
competencia real ni oponente al frente. El verdadero “sueño de Andrés”.
La reforma electoral de Claudia Sheinbaum es un espejo retrovisor que nos
muestra el camino de regreso al pasado. Un pasado donde el poder se
concentraba en el Ejecutivo, donde la oposición era marginal y donde las
elecciones eran rituales sin competencia.
Una restauración del antiguo régimen, la reedición del viejo PRI, con viejos y
nuevos rostros. Pero con las mismas prácticas de siempre.
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