Rúbrica
Antifederalista, antiparitaria y antidemocrática
Por Aurelio Contreras Moreno
El llamado “plan B” de Claudia Sheinbaum, presentado como alternativa tras el
estrepitoso y previsible fracaso de su reforma electoral en la Cámara de
Diputados, se inscribe, al igual que su malograda iniciativa, en esa tradición
autoritaria que busca someter a las instituciones locales y a la pluralidad política
bajo la égida del poder presidencial.
Lejos de ser un proyecto de transparencia y racionalización del gasto, como se
pretende vender, este paquete de reformas constitucionales y a leyes secundarias
constituye un ataque frontal contra el federalismo, la paridad de género y la propia
Constitución.
El federalismo, aunque imperfecto, ha sido uno de los pilares del sistema político
mexicano que desde el siglo XIX se debate entre la soberanía de las entidades y
el control central del aparato de poder. La convicción federalista se fortaleció
principalmente en la época de la ya lejana transición a la democracia de finales del
siglo XX y principios del XXI, a través de una mayor autonomía para los estados y
municipios.
El llamado “plan B” trastoca ese equilibrio al imponer desde el centro límites
presupuestales a los congresos locales y reducir de manera unilateral, sin criterios
claros más allá de una mal entendida y torcida “austeridad”, el número de
regidores en los municipios. Bajo ese argumento fútil, se pretende decidir desde la
Presidencia cómo deben integrarse los órganos de representación en cada
entidad federativa y en cada ayuntamiento, anulando la capacidad de los mismos
para definir sus propias reglas conforme a sus realidades sociales, políticas y
demográficas.
Lo que se asoma es la imposición de un modelo único que desconoce las
diferencias entre estados con poblaciones, necesidades y estructuras
administrativas dispares. Se trata de una camisa de fuerza que uniforma lo diverso
y que, en la práctica, convierte a los congresos locales en simples oficinas
subordinadas al poder central.
En el caso de los ayuntamientos, la reducción del número de regidores a un rango
de entre 7 y 15, sin importar la complejidad política o social de cada municipio, es
otra muestra de la visión centralista de un régimen que presume progresismo,
pero es en realidad profundamente conservador. La pluralidad municipal, que
debería reflejar la diversidad de voces y fuerzas políticas, se vería mutilada por
una regla impuesta desde la capital. El federalismo, entendido como la capacidad
de los estados y municipios de autogobernarse, queda así vulnerado, reducido a
retórica.
No es este el único tema preocupante y altamente riesgoso de la iniciativa enviada
este martes al Senado. Uno de los avances más significativos en la vida
democrática mexicana de los últimos años ha sido la incorporación de la paridad
de género en la integración de los órganos de gobierno. Pero en la iniciativa del
“plan B” de Sheinbaum se eliminó expresamente esa garantía en la conformación
de los cabildos. Y al reducir el número de regidores y fijar un esquema rígido de
integración, se abre la puerta para que las mujeres sean desplazadas de los
espacios de representación. Algo intolerable, y más todavía viniendo de una
presidenta mujer, que además se asume “feminista”.
Aunque al momento de redactar estas líneas se informó que la Secretaría de
Gobernación envió un oficio para, literalmente, reformar la reforma en ese tema
antes de ser discutida –lo cual habría que revisar si es legal, pues la iniciativa ya
había sido recibida formalmente por el Poder Legislativo-, difícilmente se puede
creer que haya sido un “error de dedo”, como seguramente van a intentar hacer
creer. Se antoja más bien que se trate de una intentona para “pasar de humo” otra
regresión, ésta atentatoria contra la participación política de las mujeres, cuya
autoría ya sabe a quién atribuirle.
Quizá el aspecto más grave del “plan B” sea la pretensión de empalmar la
consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias. Según la
iniciativa, la revocación se realizaría el primer domingo de junio del tercer o cuarto
año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028, pero con la clara intención de llevarla a
cabo al mismo tiempo que las elecciones intermedias, lo que permitiría a la
presidenta hacer campaña abierta bajo el pretexto de “defender” su permanencia
en el cargo, aun cuando nadie le esté pidiendo que se vaya.
Se trata de un fraude a la Constitución. La revocación de mandato es un
mecanismo para evaluar la continuidad de las autoridades que debería activarse a
solicitud de los ciudadanos, y no una plataforma electoral para que el titular del
Ejecutivo se convierta en jefe de campaña de su partido. Al empalmar ambos
procesos, se desvirtúa el sentido de la revocación, convirtiéndola en una especie
de ratificación y, sobre todo, en un instrumento de propaganda gubernamental.
Morena tendría así la ventaja de contar con la figura presidencial recorriendo el
país, movilizando recursos y legitimando su proyecto político en plena contienda
electoral, cuando la Constitución establece claramente que el presidente/a debe
mantenerse al margen de las elecciones, precisamente para evitar que el poder se
utilice en beneficio de un partido.
El “plan B” viola ese principio y normaliza la intervención presidencial en los
procesos electorales. Se trata pues de un retroceso democrático que recuerda
–otra vez- las peores prácticas del viejo régimen priista, donde el presidente era el
gran elector y su palabra definía candidaturas y resultados.
El “plan B” de Claudia Sheinbaum, de la misma manera que lo era su reforma
electoral, es un intento de centralizar el poder, de manipular los procesos
electorales y de perpetuar la hegemonía de Morena. Un proyecto autoritario
antifederalista, antiparitario y profundamente antidemocrático.
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