Rúbrica
Legado de destrucción
Por Aurelio Contreras Moreno
Contra lo muy poco –siendo generosos- que se ha construido en los cuatro años
del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”, cobra una dimensión
enorme todo aquello que se ha destruido y lo que se busca todavía destruir en los
dos años restantes del sexenio.
Quizás lo más grave que el lopezobradorismo ha demolido, junto con las
instituciones y programas de salud y educación que desapareció para quedarse
con sus recursos, es la percepción sobre la importancia del respeto a la legalidad.
Los gobiernos y políticos de la “4t”, empezando por el propio presidente Andrés
Manuel López Obrador, son un ejemplo de cómo ignorar de la manera más bizarra
las normas, con un cinismo que asquea.
El caso del documentado plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín
Esquivel Mossa sintetiza lo que ha representado este sexenio para el
mantenimiento de los mínimos estándares que permitan hablar de un Estado de
Derecho: el vacío, la burla.
Lo que en cualquier otro país con una pizca de valores democráticos –y
vergüenza- hubiese significado una renuncia automática, asombrosamente en
México es un circo del absurdo: por un lado, una ministra y abogada espuria que
se aferra a un cargo para el que no tiene merecimientos ni credenciales
académicas ni éticas; y por el otro, instituciones a las que les tiembla la mano para
aplicar la ley, anular su título fraudulento y destituirla, aterrados ante la previsible
reacción autoritaria del régimen que la colocó en la Corte no para impartir justicia,
sino para defender sus intereses.
Cada minuto más que pasa Yasmín Esquivel como ministra del máximo tribunal
del país significa un mayor y más grave socavamiento de la confianza y el
prestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Universidad
Nacional Autónoma de México, lo que tiene un impacto directo en ambas
instituciones, pilares una de la ley y la defensa de la constitucionalidad, y la otra de
la educación superior del país.
De ese tamaño es el daño que se causa al país solo con este caso, pero que a los
pandilleros que gobiernan les tiene sin cuidado. “No me vengan con eso de que la
ley es la ley” es la frase de López Obrador que resume a la perfección lo que
sucede.
Pero no es lo único. El desvío de los recursos gubernamentales para hacer política
partidista ha elevado la impudicia y el descaro a una nueva dimensión, en la que
ya ni siquiera importa guardar las formas, como quedó de manifiesto con la
reunión a la que convocó el pasado fin de semana el secretario de Gobernación
Adán Augusto López Hernández –quien a su vez está en campaña proselitista por
todo el territorio nacional- a los gobernadores y dirigentes de Morena, para
pedirles que intervengan y operen en los procesos electorales en puerta. Solo que
lo hizo en las instalaciones de la dependencia que encabeza, no en las de su
partido.
No es que en los regímenes anteriores no se llevaran a cabo prácticas similares,
desde luego. Solo que sabían la importancia de no dar motivos para una
impugnación jurídica que pudiese desembocar en la anulación de una candidatura
o una elección, sobre todo a partir de que en 1997 se quebró el régimen de partido
hegemónico que el neopriismo morenista busca restaurar.
Ahora ni siquiera les importa exhibirse como unos crápulas que se burlan de la ley,
pues para ello tienen a ministros como Yasmín Esquivel en la Corte o al
“magistrado billetes” en el Tribunal Electoral. Y para eso es precisamente la
embestida del régimen contra las instituciones electorales: para debilitarlas,
cooptarlas y reducirlas a oficialías de partes del gobierno. Como en los tiempos de
Manuel Bartlett y la “caída del sistema”.
Hoy, el sistema democrático construido durante las últimas tres décadas en el país
-que con todo y sus fallas y carencias garantizó tres alternancias partidistas en la
Presidencia de la República y cientos más a nivel estatal y municipal, tras 70 años
ininterrumpidos de un solo partido en el poder- se está cayendo a pedazos gracias
a un régimen que apunta al fracaso histórico y cuyo único legado para México será
el de la destrucción del Estado de Derecho y de las instituciones que costaron la
sangre y la vida de miles de mexicanos.
Incluida la de verdaderos militantes de la izquierda democrática, que repugnarían
en lo que terminaron sus “compañeros de lucha”.
Desacato
En Veracruz andamos en las mismas. Como si nada, en contubernio los tres
poderes del estado desacatan un amparo de la Corte y mantienen secuestrado el
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
El propio Cuitláhuac García admitió hace una semana el desacato a la orden de
detener el nombramiento de nuevos magistrados: “el Tribunal está trabajando.
Recuerden que el amparo no detuvo los trabajos del Tribunal”.
-¿Con los nuevos magistrados?- le cuestionaron.
-Con los nuevos magistrados- aceptó García Jiménez.
¡Qué bendición!
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