CIUDAD DE MÉXICO.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdez, llamó a los cinco magistrados que desconocieron su mandato a que reanuden el diálogo, a que eviten una crisis institucional en medio del proceso electoral que aún no termina y a que acudan a sesión privada este jueves para resolver la evaluación que quieren hacer de su desempeño.
Lo anterior, luego de una crisis durante este miércoles en la que cinco de los siete magistrados convocaron a una sesión alterna, aprobaron una moción de censura, dieron por revocado el mandato de Vargas Valdez, y eligieron al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como su nuevo presidente.
En su mensaje por YouTube, José Luis Vargas Valdez aclaró que esa sesión es nula de pleno derecho, que él sigue siendo el presidente del Tribunal Electoral y que los magistrados invadieron la esfera de competencias del Consejo de Administración.
Dijo que “lo sucedido constituye una ruptura constitucional y legal, por lo cual esta presidencia sigue y seguirá llamando al diálogo, a la serenidad, a la institucionalidad”.
El magistrado añadió que “los albazos no son la forma en como en una democracia se solventan los problemas” y los conminó “a respetar el orden legal y las instituciones” a que asistan a “un diálogo abierto”, “respetar el orden constitucional” y “evitar una crisis”.
Por la mañana, en la sesión pública de las 13:30 horas cinco magistrados solicitaron agregar un punto en el orden del día para evaluar el desempeño del presidente, lo cual les fue negado, y ante la imposibilidad de continuar con la sesión, Vargas Valdez decretó un receso.
En esa sesión, Vargas Valdez les pidió comportarse a la altura de su investidura constitucional “que no estén intentando o provocando un golpe de Estado, porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia y para pretender ocupar la posición que hoy tengo como presidente y de la cual, quiero decirles, recordarán, ustedes me eligieron para esta función”.
Agregó que el Reglamento establece que sólo por renuncia, el presidente puede dejar de ejercer sus funciones “y es en ese sentido que yo, actualmente les digo, no está en mi intención renunciar”.
Durante el receso, y por medio de Twitter, la magistrada Janine Otálora se asumió como presidenta por ministerio de ley del Tribunal (en ausencia del presidente), convocó a reanudar la sesión para alrededor de las 16:00 horas, sesión en la que los cinco magistrados emitieron una moción de censura contra su presidente, lo removieron del cargo y eligieron al magistrado Reyes Rodríguez como presidente de la Sala Superior.
No son grillas, no es política, yo sólo quiero el bienestar de la institución”, dijo Felipe de la Mata Pizaña al explicar por qué apoyaba la moción de censura contra Vargas Valdez.
Felipe Fuentes Barrera argumentó la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera sigue a Vargas Valdez y luego que un juez ordenó la reapertura de la misma, por presunto enriquecimiento ilícito e irregularidades en su situación patrimonial.
Debemos cuidar de que la ciudadanía no tenga la sospecha de compromisos políticos del presidente, aunque sea infundada”, consideró Fuentes.
Por su parte, Indalfer Infante refirió lo que consideró una falta de respeto del presidente Vargas, luego que en la sesión del pasado 28 de abril, Vargas dijo que él no votaba “en manada”, refiriéndose al bloque de los cinco magistrados que votaron en el mismo sentido un asunto de género.
Las faltas de respeto no tienen cabida en órganos de este tamaño”, dijo.
Janine Otálora refirió el hecho de que, en diciembre pasado, en el que por mayoría los magistrados aprobaron que los partidos designaran a 7 mujeres para las gubernaturas, Comunicación Social, difundió una sentencia distinta y que era la apoyada por Vargas.
Frente a una traición a los principios y deberes de una magistratura, grave sería si permitiéramos más abusos en la investidura”, subrayó la magistrada, quien afirmó que “queremos que el Tribunal siga siendo una institución de altura”.
Por último, Reyes Rodríguez Mondragón, quien posteriormente fue electo presidente del Tribunal por sus compañeros, refirió como un “atentado a la autonomía” de los magistrados, el que se les haya pedido avisar, con antelación al secretario de Estudio y Cuenta, el sentido de sus votos, ante la cancelación de las sesiones privadas que realizaban los magistrados debido a las filtraciones a la prensa sobre los asuntos y sentidos de la votación, que se han multiplicado en la administración de Vargas.
Sobre el tema, el senador Ricardo Monreal escribió en Twitter que “el @senadomexicano es el otro Poder que interviene en la designación de las magistradas y los magistrados electorales. Junto con la @SCJN, debemos actuar de inmediato para atender y dar cauce a lo que hoy ocurrió. Evitemos una crisis constitucional, es nuestro deber.”
UNA CADENA DE OFENSAS E IRREGULARIDADES
La gota que derramó el vaso ocurrió el pasado 28 de julio cuando cinco magistrados del Tribunal Electoral se sintieron ofendidos por el presidente Vargas Valdés, quien dijo públicamente que él no votaba “en manada” luego de que los magistrados Reyes Rodríguez, Indalfer Infante, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y la magistrada Janine Otálora, votaron en contra de un asunto presentado por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, sobre temas de género.
Los magistrados enumeraron diversas molestias e irregularidades que, según su opinión, ha cometido el magistrado Vargas, como intentar aplicar a la fuerza el polígrafo a los trabajadores del Tribunal y el despido injustificado del personal administrativo que no estuvo de acuerdo, por ejemplo.
También lo acusaron de incumplir con sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, como la discrecionalidad e inconsistencia en el turno de asuntos y el diferimiento de las sesiones sin razón justificada, como ocurrió con la sesión donde se resolverían las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.
Otro tema de indignación resultó cuando se ordenó la suspensión del foro “La Calificación de las Elecciones 2020-2021” que se realizaría en instalaciones del Tribunal, y que supuestamente fue cancelado por atender medidas en torno al semáforo de covid-19, aunque todos los trabajadores, incluidos los magistrados, seguían acudiendo normalmente a sus funciones.
La magistrada Janine Otálora refirió también el problema que se derivó de un boletín de Comunicación Social a la prensa, en el que se cambió la sentencia aprobada por mayoría en el que se obligó a los partidos a designar al menos, a 7 mujeres para las candidaturas a gobernador.
El comunicado expresaba como sentencia, la postura de Vargas, que era distinta a lo aprobado por la mayoría en la sesión correspondiente.
Otra negativa que molestó a los magistrados del Tribunal Electoral fue la de someter a discusión la remoción del secretario General de Acuerdos y la Subsecretaria General de Acuerdos, luego que, ante la cancelación de las sesiones privadas, el funcionario solicitó a los magistrados comunicarle, por adelantado, el sentido de su voto antes de las sesiones, lo que fue interpretado como una violación a la autonomía de sus ponencias.
En adición, se han multiplicado las filtraciones a la prensa de oficios, proyectos de sentencias y discusiones internas, que sólo conocían los propios magistrados cuando realizaban sesiones privadas.
También, mencionaron la investigación que reabrió un juez, en contra de Vargas, por irregularidades en su situación patrimonial encontradas por la Unidad de Inteligencia Financiara de la Secretaría de Hacienda.
Por todo lo anterior, los cinco magistrados argumentaron que el presidente Vargas tenía que dejar el cargo.
-Aurora Zepeda Rojas
RECURRIRÁ A LA CORTE
El presidente del Tribunal, José Luis Vargas Valdez, presentará ante la Suprema Corte una controversia dentro del Poder Judicial con base en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que sea esa instancia la que se pronuncie sobre la legalidad de los actos derivados de ayer.
El citado artículo dice:
Conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos correspondientes de esta Ley Orgánica.”
