La figura del asilo diplomático fue puesto a debate este miércoles en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una sesión extraordinaria solicitada por el gobierno del Perú, al cumplirse un mes de que México otorgara dicha protección a la ex presidenta del consejo de ministros, Betssy Chávez, quien permanece refugiada desde el 3 de noviembre en la residencia de la embajada mexicana, para evitar ser procesada por el intento de autogolpe de estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
El canciller peruano Hugo de Zela aclaró que, si bien no se plantea este caso en específico u otros ocurridos recientemente en la región, lo que se observa es que se ha producido una evolución negativa en la utilización del derecho de asilo, consagrado en la Convención de Caracas de 1954, cuya característica es que se utiliza este instrumento para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en estados democráticos.
“No se ayuda a una democracia ni al estado de Derecho sustrayendo de su sistema de justicia a sus políticos o a sus familiares cuando estos son procesados por delitos comunes. Por el contrario, el gobierno del estado asilante se expone a ser percibido como un protector de personas que, presuntamente, han violado las leyes comunes de su país de origen, con ello se erosiona la confianza de nuestros ciudadanos en el funcionamiento de sus instituciones, así como la que debe prevalecer entre nuestros países”, señaló.
En Washington y con la presencia de los representantes de las naciones del continente, entre ellos la embajadora de México, Luz Elena Baños, el funcionario peruano anunció que solicitará una opinión al Comité Jurídico Interamericano con una propuesta para que en caso de petición de asilo diplomático se tomen en cuenta otros instrumentos como los que vinculan a los estados en materia de lucha contra la corrupción y la información proporcionada por el estado territorial, antes de decidir si es procedente concederlo.
“Ello exige que la aplicación del artículo 9 deje de depender exclusivamente de un criterio subjetivo y se base en procedimientos institucionales, que aseguren objetividad, trazabilidad y responsabilidad del estado”
Dicha propuesta, aclaró el presidente del Consejo Permanente de la OEA, no fue sometida a debate debido a que apenas fue presentada y requiere el análisis de los estados miembros para manifestar una postura.
