Durante años, el salario mínimo fue un referente importante pero distante para muchos servicios formales cuya base de costo es la nómina. En la mayoría de las empresas formales de servicios e industrias intensivas en mano de obra, la práctica fue mantener remuneraciones por arriba del mínimo, competir por calidad y cumplir con obligaciones laborales y fiscales. Esa realidad cambió. El salario mínimo ya alcanzó la estructura de costos de miles de proveedores formales y, en regiones como la frontera, ya hay plazas donde el proveedor que cumple debe ajustar tarifas para no operar en pérdida.
El problema no es el objetivo social de mejorar el ingreso. El problema es la mecánica de ajuste en el mercado. Muchas empresas contratantes siguen negociando tarifas con la lógica de inflación anual, alrededor de cuatro por ciento, cuando el costo laboral obligatorio se mueve muy por encima de la inflación y arrastra tabuladores completos. Cuando el piso sube, la organización salarial también debe moverse para no destruir la estructura de remuneraciones, responsabilidades y retención. Si esa brecha se pretende cerrar con atajos, el efecto es previsible, más informalidad y más competencia desleal contra quien hace las cosas bien.
Conviene poner un parámetro internacional sobre la mesa. En la comparación entre países se observa la relación entre el salario mínimo y el salario medio de la economía como indicador de presión sobre la estructura salarial. Aumentos moderados pueden elevar ingresos con impactos acotados, pero el debate se reabre cuando el mínimo se acerca demasiado al centro de la distribución y deja de ser un piso de protección para convertirse, en los hechos, en una política salarial general. En ese punto, el ajuste ya no es marginal, se vuelve sistémico y exige una estrategia integral para que el avance sea sostenible.
México está entrando en ese umbral. La proporción del salario mínimo respecto al salario promedio registrado ante el IMSS pasó de 23 % a 45 % entre 2015 y 2025 y en la franja fronteriza ya alcanza el 58 %. En sectores que concentran alrededor de una quinta parte del empleo formal, esa proporción se ubica entre 60 y 89 por ciento. En micro y pequeñas empresas entre el 58 y 78 %. Esto significa que para una parte creciente del aparato productivo ya no es una referencia lateral, es el centro del costo laboral.
Esto es especialmente delicado en actividades continuas. Requieren turnos, coberturas y personal disponible en regiones donde la escasez de mano de obra ya es un factor crítico. Si el salario mínimo sube más rápido que los contratos de servicios y además la jornada se reduce este año sin una transición responsable, con gradualidad y medidas de productividad, el costo por hora efectiva aumentará significativamente. En servicios intensivos en nómina, ese choque puede poner en jaque la viabilidad del proveedor formal y la continuidad del servicio para quien lo contrata.
Los datos recientes confirman que el riesgo no es teórico. En el segmento de micro y pequeñas empresas se han perdido en los últimos doce meses casi 25 mil negocios en la formalidad. En ese mismo periodo se perdieron más de 88 mil puestos de trabajo. La última Encuesta Trimestral de Ocupación y Empleo reportó además una caída superior a 460 mil empleos formales. Cuando un empleador formal sale, el trabajador no desaparece, muchas veces migra a esquemas sin seguridad social, sin capacitación y sin trayectoria.
Sostener mejores salarios exige mejores condiciones para las empresas. La ruta es combinar incrementos responsables con una agenda explícita de productividad, inversión y formalidad. No podemos pedir a las PyMEs y a los proveedores de servicios que carguen solos el ajuste cuando operan con márgenes estrechos y enfrentan costos no salariales crecientes, desde trámites hasta inseguridad, además de la incertidumbre regulatoria que inhibe decisiones de inversión.
Se requiere un ajuste estructural en el marco regulatorio y fiscal. Reducción de costos vinculados al empleo como el impuesto a la nómina, revisión de la carga impositiva, el reajuste de las tablas de pago del ISR, acceso real a financiamiento, capacitación y digitalización, así como simplificación regulatoria que reduzca tiempos y costos. En sectores regulados como la seguridad privada, reglas nacionales más homogéneas que reduzcan la discrecionalidad de gobiernos estatales para operar y crecer en formalidad.
Un elemento decisivo es combatir la informalidad en serio, con reglas claras y aplicación pareja. Mientras un competidor pueda evadir cuotas, impuestos y obligaciones sin consecuencia, el mercado castiga al que cumple. Ahí es donde la pérdida de empresas (25 mil en los últimos doce meses) se vuelve síntoma de un país que expulsa la formalidad y premia la simulación.
El salario digno y una jornada compatible con la vida familiar son objetivos legítimos. Pero la justicia laboral no puede descansar sobre la fragilidad empresarial. Si queremos que el avance sea sostenible, necesitamos una política integral que proteja al trabajador y fortalezca a la empresa formal, con certidumbre jurídica, inversión y productividad como ejes. De lo contrario, la economía se llenará de proveedores informales, empleos precarios y competencia desleal. Y eso termina por frenar el bienestar que justamente buscamos elevar. Al final, sin empresa formal fuerte, no hay avance laboral que se sostenga.
