A casi dos meses de que el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas demandó a la secretaría de gobernación ser incorporado al mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, la solicitud no prosperó y fue cerrada por el actuar del propio senador.
Luego de que Moreno Cárdenas acusó al senador petista, Gerardo Fernández Noroña de haberlo amenazado en medio del golpeteo y empujones que protagonizaron ambos en agosto pasado durante la última sesión de la comisión permanente del congreso de la unión al no permitirle hacer uso de la voz, el consejo consultivo del mecanismo le requirió información relativa a sus domicilios de trabajo y personales así como las rutas de traslados individuales y de sus familiares más cercanos, con el propósito de evaluar los riesgos a los que pudieran estar expuestos y diseñar un plan de prevención y protección adecuado.
Sin embargo, el dirigente del PRI al conocer los primeros pasos de la evaluación para acceder al mecanismo se negó a proporcionar dato alguno a la instancia federal. En información obtenida por Grupo Imagen, Moreno Cárdenas adujo que revelar esa información colocaría en riesgo a su familia en razón de que «hay vínculos de funcionarios con el crimen organizado».
Argumentó también que no confía en el gobierno para que resguarde información sensible de él y de su familia; por ello, dejó claro que no entregaría ningún dato personal. Además, el senador del PRI sostuvo que es responsabilidad del estado garantizar la protección de todos los mexicanos, por lo que su seguridad e integridad – independientemente de que realice o no el trámite del mecanismo de protección – «es responsabilidad del gobierno».
Al responder con esos argumentos, Moreno Cárdenas se desistió implícitamente de la solicitud que formuló a finales del mes de agosto de este año y en consecuencia, el consejo consultivo del mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos se vio obligado a cerrar el procedimiento al no contar con mayores datos para cumplir los requerimientos que demanda en casos de riesgo el protocolo establecido.
Desde agosto pasado, Grupo Imagen adelantó que era altamente probable que la solicitud del ex gobernador de Campeche fuera desechada al hablar con varios expertos y funcionarios sobre el tema.
Las consultas de entonces ubicaron la pretensión del político como «improcedente» debido a que la principal actividad de Moreno Cárdenas no es la de ser activista o defensor de los derechos humanos.
Tampoco – dijeron los expertos – es un comunicador o periodista que por sus dichos, en ejercicio de la libertad de expresión o coberturas noticiosas, lo hayan ubicado en circunstancias en las que su integridad física o la de su familia se encuentren en riesgo.
Otro elemento que colocaban la solicitud rumbo al desechamiento consistió en que al ser senador de la república posee fuero constitucional, protección que da salvaguarda a sus dichos dentro y fuera del congreso y por los cuales no se le puede reconvenir.
