Al inicio de la crisis sanitaria por covid-19, por primera vez en 20 años disminuyó el número de víctimas detectadas de trata de personas, de acuerdo con un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Esta situación se originó debido a que la pandemia limitó las oportunidades de los delincuentes dedicados a este delito y pudo orillar a que se llevara a cabo de una manera aún más clandestina, al tiempo que limitó las capacidades de las fuerzas de aplicación de la ley para combatir este delito, señala el Informe Mundial sobre la Trata de personas 2022.
En comparación con 2019, la reducción global en el número de víctimas detectadas fue de 11% en el primer año de la emergencia por el coronavirus, disminución impulsada principalmente por los países de renta media y baja.
El informe señaló que, conforme aparecen nuevas formas de explotación, los niños y hombres representan una mayor proporción de las víctimas detectadas.
Las mujeres sufren tres veces más violencia física o extrema a manos de tratantes que los hombres, mientras que los niños dos veces más que las personas adultas.
Señala que las mujeres tienen más probabilidades de ser condenadas que los hombres al ser investigadas por el delito de trata de personas.
El delito de trata de personas continúa principalmente afectando a mujeres y niñas en la región: las mujeres siguen representando la mayoría de las víctimas detectadas en Norteamérica y las niñas, en Centroamérica y el Caribe.
La trata de personas con fines de explotación sexual, en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe sigue siendo la principal modalidad detectada de este delito.
La ONU sugiere una serie de acciones para enfrentar este delito, como son mayor regulación de las plataformas en línea donde se ha detectado la amenaza de la trata de personas y programas de capacitación para prevenir el delito entre posibles víctimas.
Además, formación judicial e intercambio de buenas prácticas entre países; mayor inversión estatal para la identificación proactiva de las víctimas mediante investigaciones con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos y promoción de la denuncia confidencial y anónima en línea para alertar sobre posibles casos de este delito.
Asimismo, fortalecimiento y aumento de la atención y servicios especializados para víctimas de violencia extrema.
