El desempate en el Congreso de Guanajuato en favor de continuar penalizando el aborto abrió un nuevo capítulo en la historia mexicana de las resistencias políticas para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
Porque aun cuando la sentencia de la Suprema Corte de septiembre de 2021 empujó la despenalización en dos tercios de la República mexicana, todavía son nueve las entidades donde se castiga con cárcel la interrupción voluntaria del embarazo.
Se trata de una resistencia en la que confluyen factores diversos en un momento de cambio de época en el Poder Judicial y cuando ha perdido fuerza la promesa legislativa que, en 2018, abanderaron las feministas de Morena de que con el primer gobierno de izquierda se garantizaría el derecho a decidir ya consagrado en la Constitución.
Sea por consideraciones electorales, presiones religiosas, alta representación política de sectores conservadores y nuevos alegatos jurídicos, en Durango, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Aguascalientes continúan vigentes los códigos que penalizan el derecho a decidir.
AGUASCALIENTES, EL ANTECEDENTE
En el caso de la última entidad, se atendió en un principio la sentencia de la SCJN que dio cauce a reconocer la posibilidad voluntaria de interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación, pero en 2023 el congreso redujo el límite a seis semanas, reestableciendo el castigo de cárcel para quienes lo hagan después.
De manera que para defensores del derecho a decidir como el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), Aguascalientes se encuentra en la lista donde las mujeres son criminalizadas por aplicarse un aborto en un momento legalmente permitido por la sentencia de la Corte.
Ese fue el primer enfrenón de la ola de congresos estatales que cedió a la presión de la marea verde, protagonizada por jóvenes universitarias que retomaron la bandera de las activistas históricas, y que este 5 de junio experimentó su bache mayor en Guanajuato.
Porque el rechazo a la despenalización de los congresistas de esa entidad ocurre en medio de la transición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha generado incertidumbre respecto al alcance que en el futuro tendrán sus sentencias, las cuales obligaron a varios poderes legislativos estatales a acatar la resolución de 2021 que consideró inconstitucional cualquier penalización del aborto voluntario.
A partir del primero de septiembre próximo, los ministros electos en las urnas el primero de junio tomarán posesión. Y será en la nueva Suprema Corte que se resolverán los recursos judiciales —demandas de amparo— como el anunciado por la diputada Sandra Pedroza al concluir la sesión del día 5 en que se votó en contra de su propuesta de despenalización.
