XALAPA.
Las historias de los detenidos por ultrajes a la autoridad superan cualquier relato que se haya documentado sobre lo insólito que ha llegado sa ser el sistema judicial veracruzano y de cómo a pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tres Poderes de Gobierno estatal y la Fiscalía General han impedido hasta con violaciones a los derechos individuales que los presos accedan a una impartición de justicia adecuada.
Ángel, albañil de 30 años, fue detenido en la periferia de Xalapa. La policía lo consignó por ultrajes a la autoridad, pero además en la hoja de su reporte le agregaron que portaba “armas y droga”. Una vez en la cárcel preventiva, la misma policía lo “reconoció” como presunto integrante de una pandilla de robacarros y lo subieron a un carro que la policía tenía exprofeso en el sitio, para indicar que formaba parte de dicha banda.
Tres meses después, el mismo Ángel, cuya familia ya luchaba por conseguir dinero para pagar abogados y poder sacarlo de prisión, se entera que ahora lo involucran con una “banda de feminicidas” junto con otras tres personas que no conoce.
Ángel sigue preso sin saber hasta el momento qué pasará con tantas acusaciones en su haber. Se dice inocente, su familia también lo asegura, pero la policía lo sigue señalando y entra en las estadísticas de combate al delito.
En Papantla, “Iván” vende comida con su esposa afuera del penal, de eso se sostienen y con el comercio lograron adquirir un carro, el cual la policía encontró que presuntamente tiene reporte de robo. Durante horas, a Iván se lo llevaron a una casa en donde lo golpearon y torturaron.
Horas después fue presentado ante las autoridades acusado del delito de abuso de autoridad y portación de carro con reporte de robo. Lo trasladaron a Tuxpan, no lo dejaron en Papantla.
La esposa fue y entregó los papeles del vehículo que comprobaban que ellos lo habían adquirido a otra persona, pero en su desesperación entregó los originales y la policía se los hizo perdedizos, a la supuesta propietaria del vehículo, que reside en la Ciudad de México no la han encontrado y no se podría probar entonces que hay un robo, pero no sale porque el delito de ultrajes a la autoridad sigue sin ser publicado en la Gaceta Oficial del Estado, pese a que ya fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La consigna es que no salen. Ya hablamos con el juez y nos dijo que la orden es de arriba, que no van a salir y que no hay fecha”, refirió Lorena Delgado, familiar de una persona presa.
Los casos se repiten uno a uno: “tal parece que ya tienen hecho un formato en donde sólo agregan el nombre”, aseguró el abogado Carlos García, quien sacó mediante un amparo a Heber Rafael Galán, privado de su libertad por enfrentarse con los directivos de una empresa cementera en Apazapan.
Y es que los datos y hechos coinciden, aseguró el litigante: “Les agregan elementos para hacer parecer más real su responsabilidad; a otra de mis clientas, que primero había sido levantada por una banda delictiva, fue detenida y acusada de haber atacado a los policías, una mujer de 1.55 de estatura y 42 kilos, imagine que los enfrentó supuestamente con un cuchillo, pues no”.
Para el abogado Tomás Mundo Arriasa, las detenciones por delitos de ultrajes a la autoridad son 2 mil y no los mil 33 que aseguró la Fiscalía. Junto con una joven documentalista intentan recuperar las historias de los acusados y acusadas por este delito. A través de la expresión artística, ha tenido acercamientos con los presos para escuchar sus historias, buscan hacer un documental al estilo de Duda Razonable, que fue producido por Netflix y en el que son narrados los vicios del sistema judicial en Tabasco. Los casos en Veracruz son muy semejantes, aseguró el abogado.
CONTINÚA SIMULACIÓN
El pasado 4 de abril se cumplió un mes de que, en una sesión de los diputados locales, leyeron en la correspondencia que habían sido notificados de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 28 de febrero que invalidó el delito de ultrajes a la autoridad.
La Mesa Directiva sólo mencionó que la 65 Legislatura se “daba por enterada” y no ordenó solicitar la publicación en la Gaceta Oficial, que es el órgano de difusión de las disposiciones oficiales, lo que ha servido a los jueces como argumento para dejar en prisión a los detenidos.
Un mes después de la resolución de la Suprema Corte, son poco más de 10 personas las que han logrado recobrar su libertad, pero porque presentaron un recurso de amparo que, ante la disposición de la Corte, los jueces de distrito han basado sus veredictos y han dispuesto dejarles en libertad.
Consultados, los abogados que integran el Movimiento por la Justicia en Veracruz señalaron que el pasado 28 de febrero, la Gaceta Oficial publicó la derogación del inciso II y IV, que es cuando los diputados intentaron modificar el artículo para que no fuera derogado en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia.
La Legislatura, el pasado 2 de marzo, reformó digitalmente el Código Penal y declaró inválido por sentencia el citado artículo; hay una leyenda en el texto que suscribe como “nota del editor” que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del artículo 331 del estado de Veracruz libre y soberano, pero no está notificado en ningún documento para darle la formalidad correspondiente.
“Hay algo preocupante: el gobernador no la está presentando (la invalidez) en la Gaceta Oficial, la cual tiene que facultar este código como inválido y mañosamente tienen en prisión preventiva a todas las personas de ultrajes”, señaló uno de los abogados del Movimiento por la Justicia.
