La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por una mayoría de seis votos contra tres, validar las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para integrar la lista de personas bloqueadas y congelar cuentas sin necesidad de una orden judicial previa. Esta resolución, centrada en el artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece que dicha atribución es constitucional cuando existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Ante este nuevo marco legal, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, enfatizó que no representa un pase libre para la autoridad: “Los bloqueos no se hacen de manera discrecional, requieren un sustento, indicios y motivación legal”, puntualizó el funcionario. Además, subrayó que la UIF opera bajo un modelo de colaboración con el sistema financiero y no mediante la vigilancia directa y masiva de los ciudadanos.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río, Reyes Colmenares explicó que la labor de la UIF comienza cuando los bancos detectan comportamientos que rompen el perfil transaccional del usuario. Como ejemplo, señaló casos donde se reciben depósitos sistemáticos en efectivo y que inmediatamente son enviados al extranjero.
“Nosotros no vemos todas las transacciones que hace día a día la banca mexicana, no las podemos ver. Solamente vemos lo que nos reportan los bancos o de alguna actividad vulnerable”, aclaró.
Al recibir un reporte, la UIF realiza cruces de información con otros sectores. Si detectan la compra de bienes de lujo en efectivo, como camionetas blindadas o inmuebles, se procede a la acción: “Solicitamos una inmovilización de recursos y avisamos al Ministerio Público”, puntualizó el entrevistado.
Además, el titular reveló que, en lo que va del año, la estadística muestra un impacto focalizado en objetivos de alto riesgo. En este sentido, detalló que, en este año, 500 personas, tanto físicas como morales, han sido integradas a la lista de personas bloqueadas, mientras que se tienen aproximadamente 5 mil cuentas inmovilizadas.
Finalmente, el funcionario aseguró que existen garantías procesales: “Es una medida preventiva y no sustituimos la labor que hace el Ministerio Público… Además, tienen un derecho de defensa, tienen un procedimiento de garantía de audiencia con nosotros”. Finalmente, enfatizó que la UIF da vista a la Fiscalía en el 100 % de los casos de congelamiento, reafirmando que la herramienta es preventiva y que busca evitar que los recursos ilícitos se dispersen antes de que puedan ser localizados por la justicia.
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