En el inicio de los llamados diálogos nacionales para la reforma judicial, con 35 participantes de legisladores, jueces, consejeros de la Judicatura, magistrados y los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres fue la más ovacionada por una asistencia mayoritariamente morenista.
Al grito de “¡Bravo, ministra del pueblo!”, los diputados de la coalición oficialista se prendieron cuando la más recién integrante de la Corte hizo suya la propuesta del presidente López Obrador de que los futuros juzgadores sean definidos por voto popular.
Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, clasista, corrupta, parcial… En una palabra, es injusta”, dijo la ministra Batres.
Afín a la 4T, la ministra Loretta Ortiz puso énfasis en la selección.
Los procesos deben asegurar que haya criterios de selección ineludibles basados en el mérito”, dijo.
Ocho de los 11 ministros de la SCJN advirtieron de los riesgos de que la elección en las urnas destruya lo construido por generaciones, al igual que el sistema de méritos en el que se sustenta la carrera judicial y la certeza que éste ofrece a los inversionistas.
Didáctica, la ministra Margarita Ríos-Farjat parecía que estaba frente a un grupo de estudiantes. “Una buena reforma legislativa debe tener cuatro características: estar verdaderamente orientada a resolver problema; no según la ilusión, sino la realidad. No desarreglar lo que funciona; es decir, no crear problemas. Ser barata e implementarse con sencillez”.
Era evidente que el ministro Laynez tenía un muy buen humor, que no perdió al momento de dirigirse a los diputados y senadores en la mesa ovalada del salón de la Cámara de Diputados, donde por primera vez en la historia las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión escucharon a los ministros: “Me rehúso a creer que 30 años después este sistema sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Sigo convencido que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluye actuarios, oficiales, secretarios, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia”.
Un poco más serio, el ministro Juan Luis González Alcántara, de quien el doctor Jorge Carpizo, exministro de la Corte, expresaba elogios, por su apego a los criterios jurídicos y lo ponía como ejemplo de un buen juez, ayer les pidió a los legisladores federales reflexionar sobre el impacto negativo de legislar para politizar la formación de los jueces y, por tanto, la impartición de justicia. “La iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas, para millones de mexicanos”, planteó.
Quizá por la cercanía de su retiro como ministro de la Corte, porque en unos meses vence su cargo, el ministro Luis María Aguilar habló de lo importante de la carrera judicial, desde la historia de su vida. Y aunque en las sesiones del pleno de la Corte, es un férreo defensor de los criterios constitucionales, por encima de las consideraciones políticas, ayer se mostró abierto a que se utilice la elección directa para decidir los puestos de los juzgadores, pero aclaró que sí y sólo sí esté acompañado de la carrera judicial.
Admitieron los ministros que al acatarán la decisión del Congreso, se pronunciaron por cuidar la selección de quienes sean postulados a los cargos por la vía de la elección popular, enfatizando en la importancia de realizar ese proceso de manera gradual.
Requerimos jueces sobre la elección popular, sí”, planteó la ministra Yasmín Esquivel, quien le dijo coincidir con los propósitos y diagnósticos del Ejecutivo federal. “La elección selectiva, sobre la que gira mi propuesta, consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes”, detalló.
En el mismo sentido, el ministro Jorge Pardo resumió: “Me permito hacer la sugerencia, en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando”.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena prendió las alertas en el tema económico: “Es importante considerar el impacto económico de un mal diseño. Esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados”.
La ministra presidenta, Norma Piña, pidió evitar prisas, un diálogo auténtico y que las víctimas sean el centro de la reforma y frontal pidió que la crítica al sistema de justicia se hiciera partiendo de la verdad, con datos ciertos.
Estoy convencida de que, en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias. Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división: los derechos y las libertades de las y los mexicanos”.
