Cada que viene de gira al estado de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador llena de elogios al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Incluso, en
alguna ocasión se aventó la “puntada” de decir que es una “bendición” que esté al
frente del gobierno estatal, ya que se trata de un hombre “honesto”.
Pero más allá de las perogrulladas, la administración que formalmente encabeza
García Jiménez no se ha distinguido por su probidad –baste recordar la
contratación de artistas a precios inflados para la ceremonia del 15 de septiembre
de 2019; o el nombramiento de su primo Eleazar Guerrero como subsecretario de
Finanzas y Administración, a quien mantiene en el cargo a pesar del evidente
nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses que implica- ni por su
transparencia. Mucho menos, por su respeto a la legalidad.
Además, la “4t” tampoco ha demostrado ser buena administradora del erario,
como ha quedado de manifiesto con el subejercicio en que ha incurrido
invariablemente desde que asumió el gobierno de Veracruz y que forma parte de
las observaciones a la Cuenta Pública de 2019 dadas a conocer en estos días por
la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En total, lo observado por el órgano fiscalizador federal representa un total de dos
mil 413 millones de pesos que podrían considerarse como posible daño
patrimonial a la Hacienda federal. La mayor parte se concentra en la Secretaría de
Salud que encabeza Roberto Ramos Alor, alfil político de la secretaria de Energía
federal Rocío Nahle García.
En el rubro “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa”, que
se refiere a los fondos de lo que era el Seguro Popular (hoy Instituto de Salud para
el Bienestar), la ASF determinó que “la entidad federativa registró inobservancias
de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos; registro e
información financiera de las operaciones; destino de los recursos; servicios
personales; adquisiciones, control y entrega de bienes, servicios y entrega de
medicamentos; pagos a terceros por servicios de salud; y transparencia que
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal” por un importe de mil
963 millones 566 mil pesos.
Además, al gobierno que se ufana de haber “terminado” con la corrupción y que lo
“acredita” ejerciendo terrorismo laboral contra la burocracia estatal, la Auditoría
Superior de la Federación le señaló que “no proporcionó la evidencia documental y
justificativa, ni la validación de mil 40 servidores públicos, que acredite que se
encontraron en sus lugares de adscripción y realizaron actividades relacionadas
con las prestación de servicios de atención a beneficiarios del Seguro Popular”. O
lo que es lo mismo, les detectaron “aviadores” (¿seguirán actualmente en el
Insabi?) que suponen un perjuicio al erario por 295 millones 782 mil 600 pesos.
En el dictamen de ese pliego de observaciones, el órgano fiscalizador concluye
que “el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una
gestión eficiente y transparente de los recursos transferidos a través del Acuerdo
de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, apegada a la normativa que regula su ejercicio
y no se cumplieron sus objetivos y metas”.
La ASF también detectó irregularidades en la adquisición de medicamentos -área
en la que vale la pena recordar que a las dos semanas de haber iniciado su
gestión, el gobierno de Veracruz asignó por adjudicación directa un contrato por
36 millones de pesos a la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud
(Abisalud), propiedad del ex candidato de Morena a gobernador de Jalisco y en
ese entonces superdelegado del Bienestar esa entidad, Carlos Lomelí, acusado
de incurrir en tráfico de influencias-, en el manejo de los recursos del programa
Escuelas al Cien y, como señalamos antes, una serie de reintegros millonarios de
recursos a la Secretaría de Hacienda a causa de su subejercicio –o sea, que no
aplicaron ese dinero-, lo cual en un estado con las carencias de Veracruz es un
crimen.
¡Qué bendición!
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
