A imagen y semejanza de lo que sucede a nivel federal, en Veracruz está en
marcha la colonización de organismos y poderes a los que de autónomos solo les
quedará el estatus legal.
Este lunes se concretó lo que estaba cantado desde el viernes de la semana
pasada: el nombramiento de Sofía Martínez Huerta como magistrada presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJE).
Su nombramiento generó descontento al interior del Poder Judicial estatal por
varias razones. La principal, que Martínez Huerta fue designada como magistrada
hace apenas mes y medio.
El pasado 14 de octubre y tras varios meses en el limbo jurídico, a propuesta del
gobernador Cuitláhuac García Jiménez fueron designados por el Congreso del
Estado 13 nuevos magistrados del TSJE, que entraron a ocupar las vacantes que
dejaron igual número de togados que durante el bienio de Miguel Ángel Yunes
Linares fueron “invitados” a jubilarse.
Entre esos nuevos magistrados se encuentra Sofía Martínez Huerta, que si bien
tiene una trayectoria de más de dos décadas en el ámbito judicial, ésta transcurrió
en cargos menores: fue secretaria de juzgado, jueza municipal y secretaria de la
Sala Civil del propio TSJE.
Y como ya se está volviendo costumbre en tiempos de la autodenominada “cuarta
transformación”, lo que pesó a la hora de su nombramiento por el Pleno del Poder
Judicial del Estado no fue ni de cerca el perfil, ni la experiencia ni la trayectoria,
sino la “recomendación” proveniente desde otro Poder. En este caso, del Ejecutivo
estatal.
Ha sido práctica recurrente en los últimos meses imponer incondicionales del
régimen en espacios clave, tanto en el ámbito federal como en la entidad. Sucedió
en la Fiscalía General del Estado y en el Órgano de Fiscalización Superior, en
donde ahora despachan una operadora de la Secretaría de Gobierno y una ex
representante de Morena ante organismos electorales, respectivamente.
Además, para lavarse un poco la cara por los feminicidios que asuelan Veracruz,
el régimen ha procurado que estos nombramientos recaigan en mujeres, para dar
una imagen de supuesta inclusión y paridad de género, que queda desvirtuada
cuando lo que en realidad se busca es colocar incondicionales que les permitan a
otros, hombres, tener el control institucional del estado sin contrapeso alguno.
Dirán que eso también pasaba antes. Que cada gobernador colocaba en el Poder
Judicial a un presidente a modo, así como a titulares de organismos
supuestamente autónomos sometidos por los intereses políticos. Y no hay duda
de que eso es verdad.
Pero como en función de lo ocurrido en un año de “4T” la cantaleta de que “se
suponía que eran diferentes” está completamente desgastada, lo único que resta
decir es lo evidente: son iguales a ésos a los que antes criticaron y combatieron.
Lo único que buscaban era el poder. Aunque hasta ahora no han demostrado que
sepan hacer algo con él, que no sea medrar.
Cinismo desbordado
Y hablando de ser “diferentes”, el acarreo descarado operado por el gobierno de
Veracruz para obligar a los burócratas estatales a asistir a la faraónica
concentración en el zócalo de la Ciudad de México por el primer año de
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, constituye por lo
menos una coacción que merecería una investigación y castigo.
Pero el cinismo está desbordado.
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