Dice un popular refrán mexicano que para que la cuña apriete, ha de ser del
mismo palo. Y fue desde dentro de Morena mismo que quedó evidenciada la
negligencia e irresponsabilidad del régimen de la “4T” en el estado de Veracruz.
El diputado local de Morena por el distrito de Medellín, José Magdaleno Rosales
Torres, evidenció este jueves que ni el secretario de Seguridad Pública, Hugo
Gutiérrez Maldonado, ni el titular de la Secretaría de Gobierno, Erick Patrocinio
Cisneros Burgos, cuentan con sus respectivas acreditaciones de evaluación y
control de confianza que exige la ley para funcionarios en cargos relacionados con
tareas de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.
“Tengo información de que el día de ayer los citaron en la Ciudad de México (…)
para hacer un examen de confianza”, declaró Magdaleno Rosales a los reporteros
de la fuente, lanzando con ello una bomba.
Y es que hace unas cuantas semanas, precisamente con el argumento de que no
contaba con las mismas evaluaciones, la Diputación Permanente de la LXV
Legislatura del Estado de Veracruz decidió –sin tener además atribuciones para
ello- “suspender temporalmente” de su cargo como fiscal general estatal a Jorge
Winckler Ortiz, en vista de “la gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños
irreparables a derechos fundamentales de los veracruzanos en materia de
procuración de justicia, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica”.
El artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
establece que “el personal de confianza de las unidades administrativas del
Sistema, del Secretariado Ejecutivo, de los Centros Nacionales, incluso sus
titulares y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica
y jurídica a los integrantes del Consejo Nacional, se considerará personal de
seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las
evaluaciones de certificación y control de confianza”. Los titulares de Seguridad
Pública, Fiscalía General y Gobierno entran en esta clasificación.
La revelación de Rosales Torres implica que ambos funcionarios, los de más alto
rango en la estructura del Gobierno de Veracruz después del titular del Poder
Ejecutivo, ejercieron sus encargos adoleciendo de la misma insuficiencia jurídica
que Winckler durante los casi diez meses que llevan en sus puestos, por lo que en
consecuencia, también tendrían que haber sido removidos de sus
responsabilidades, pues violaron la ley antes citada.
Cuestionado al respecto por los reporteros este mismo jueves, al gobernador de
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, no le quedó de otra que admitir que ambos
funcionarios se sometieron a las evaluaciones “el día de ayer” (miércoles 25 de
septiembre de 2019), pero según él, no hay problema en ese retardo pues “tienen
un tiempo para que eso suceda (las evaluaciones). Ellos están en eso. Los van a
tener, sin problema”.
Empero, en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de
septiembre de 2013, en el que se establece el periodo de vigencia de las
evaluaciones de control de confianza, la que se otorga por un periodo de tres años
es concedida a los funcionarios de “nuevo ingreso”, por lo que se infiere que al
tomar el cargo, tendrían que haberse sometido de inmediato a dichos exámenes.
Y como admitió el propio gobernador, no fue así.
Más allá de quedar evidenciada la treta para apoderarse del control de la Fiscalía
General del Estado –con un argumento que pudiera considerarse válido, pero que
se descalifica por la suciedad del procedimiento-, lo que queda al descubierto es
que quienes han tenido a su cargo la prevención del delito, la procuración de
justicia y la gobernabilidad en Veracruz han violado la ley durante casi un año.
Todos deberían irse.
Simulación en el Orfis
Finalmente se consumó la ascensión de una incondicional del régimen morenista
al Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, con lo que cualquier expectativa
de que se llame a una rendición de cuentas real al actual gobierno estatal, queda
cancelada.
Pero llama poderosamente la atención que la votación para ungir a la morenista
Delia González Cobos como auditora general haya sido prácticamente unánime,
con el apoyo hasta de los diputados del PAN.
¿De a cómo fue el acuerdo?
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