Contra viento y marea -y sabedor de que incumple con los requisitos de ley para
pretender sostenerse en el cargo, más allá de lo que le diga a sus textoservidores
en medios y lo que haya transado con los diputados que le dan alas-, Lorenzo
Antonio Portilla Vásquez se registró este lunes como aspirante a auditor general
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) para los
próximos siete años.
No solo no le importó que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
estatal prohíba expresamente la reelección del titular del Orfis; tampoco le pareció
importante inscribirse en el proceso sin tener la decencia de separarse del cargo
en el que aspira permanecer, lo que a todas luces lo convierte en juez y parte y lo
pone en condiciones de ventaja sobre los demás participantes.
Incluso, ha pretendido pasar por alto el hecho de que ha mentido descaradamente
durante su desaforada campaña en pos de la reelección, al grado de simular actos
jurídicos y usurpar funciones, específicamente en torno a las denuncias
presentadas ante la Fiscalía General de la República en contra de la anterior
administración estatal, pues como ya se explicó en una anterior entrega de esta
columna, el auditor general del Orfis no tiene atribuciones legales para querellarse
penalmente contra ninguno de los entes fiscalizables, lo cual le corresponde a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese organismo.
Lo que habrá que preguntarle al auditor general es si la denuncia que existe en su
contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público sí le representa algo.
El pasado 17 de julio de 2019, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez fue denunciado
ante la Fiscalía General del Estado por violar el artículo 67 de la Constitución del
Estado de Veracruz, que en su fracción III, numeral ocho y párrafo noveno
establece que “durante el ejercicio de su cargo, el titular del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado no podrá formar parte de ningún partido político”.
Y resulta que Lorenzo Portilla es militante del Partido Revolucionario Institucional,
tal como consta en la lista de miembros afiliados a este instituto político publicada
en su página web oficial, dato que además le fue confirmado a la persona
denunciante a través de una solicitud de acceso a la información, en la que se
tiene asentada como fecha de registro de su militancia el 1 de enero de 2014.
Aunque es por muchos sabido que Portilla Vásquez hizo trabajo partidista desde
mucho antes. En la campaña por la gubernatura de Veracruz en 2010, se
desempeñó como contralor del Comité Directivo Estatal del PRI, cuyo candidato
era, ni más ni menos, Javier Duarte de Ochoa, cuyas cuentas en el gobierno
estatal “fiscalizó” a partir de 2012 desde el Orfis, a donde llegó con el cobijo del
Congreso del Estado para entonces manejado por Jorge Carvallo Delfín, quien en
el actualidad es “asesor” del presidente de la Comisión de Vigilancia de la LXV
Legislatura local, el diputado de Morena Eric Domínguez Vázquez.
Estos hechos no solo inhabilitarían política, ética y jurídicamente a Lorenzo Portilla
para buscar la reelección al frente del Orfis, sino que ponen en predicamento la
actuación del propio organismo fiscalizador durante el tiempo que ha sido
encabezado por su actual titular.
En la denuncia presentada contra Lorenzo Portilla, además del posible delito de
ejercicio indebido del servicio público en el que habría incurrido y el cual
permanece cometiendo, se destaca el hecho de que al ejercer el cargo
contraviniendo la Constitución, “la administración y gasto de los presupuestos
autorizados al Órgano de Fiscalización Superior del Estado para llevar a cabo la
gestión de apoyo al Congreso del Estado en la revisión de las cuentas públicas de
los Entes Fiscalizables a partir del ejercicio fiscal 2014 a la fecha, así como la
emisión de los Informes de Resultados de las cuentas públicas de los Entes
Fiscalizables correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017
carecen de la legalidad, imparcialidad y confiabilidad” que establece el artículo
116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y de la “definitividad”
que marca la Constitución de Veracruz.
Por esa misma razón, “presumiblemente no son válidos los actos de autoridad
ejercidos a la fecha por el C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez como titular del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado”, pues el ejercicio indebido del
servicio público implica “ilegalidad en el ejercicio de sus atribuciones”, según se
afirma en la querella que se presentó en su contra.
El precio de la ambición sin freno puede llegar a ser muy alto.
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