No hubo sorpresas. Como era más que previsible, el primer informe de gobierno
(porque los otros dos que quieren incluir en su mañosa cuenta fueron mítines) del
presidente Andrés Manuel López Obrador dibujó el país que él quiere ver.
Quizás el único atisbo de autocrítica durante el mensaje pronunciado ante un
grupo de invitados especiales en Palacio Nacional –al igual que hacían Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto, en lugar de acudir a dialogar con el Congreso de
la Unión- fue cuando admitió que “no son buenos los resultados en cuanto a la
diminución de la incidencia delictiva en el país”, problema que aseguró “está
atendiéndose” y que “constituye nuestro principal desafío”.
Y vaya que sí. Los propios datos del informe en su anexo estadístico así lo dejan
ver. Al corte del 30 de junio de 2019, se registraron 52 mil 250 delitos del fuero
federal y un millón cuatro mil 212 del fuero común en todo el país. En el segundo
caso, fueron contabilizadas 162 mil 731 víctimas, aunque a la hora de presentar
los datos sobre defunciones por homicidio, se omitieron los correspondientes a
este año y solo se incluyeron los de 2017 y 2018.
Empero, al acudir al Sistema Nacional de Seguridad Pública, se constató la cifra
que deliberadamente no se mencionó en el informe: de diciembre a julio se
cometieron 19 mil 642 homicidios dolosos en el país, superando los números de
las tres administraciones federales anteriores en comparación con el mismo
periodo: el de arranque de sexenio.
Es pues evidente que si en un tema el gobierno de la llamada “cuarta
transformación” no ha dado resultados –aunque sin duda no es el único-, es en el
del combate a la delincuencia y la inseguridad.
Como es sabido, unos días antes de presentar su informe, diversos hechos de
violencia azotaron diferentes regiones del país, siendo la masacre en un bar de
Coatzacoalcos -por la que hasta el momento han muerto 30 personas que no le
merecieron al presidente la mínima expresión de condolencia- el más estridente y
salvaje de estos actos, que no son más que desafíos directos al Estado mexicano,
incapaz hasta el momento de enfrentarlos. O quizás, más bien maniatado por un
mandatario cuya estrategia en la materia da qué pensar.
En su mensaje de la mañana de este domingo, López Obrador afirmó que “ni el
Ejército ni la Marina se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo. Se
terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada”, lo que
hace sentido con lo que le respondió días atrás a un ciudadano desesperado por
la violencia en su comunidad, que le cuestionó si el narco es “pueblo” como para
que no se luche en su contra con toda la fuerza del Estado, a lo que el presidente
respondió que “sí, es pueblo. Todos son seres humanos”.
Con lo que esta actitud no hace sentido es con el deber de la autoridad de
combatir a los delincuentes. En los hechos, el titular del Poder Ejecutivo de la
Nación está siendo omiso en una de sus obligaciones básicas, que es la de
garantizar la integridad física y patrimonial de los gobernados, así como la de
brindar seguridad y paz. Y definitivamente, a los criminales les importa un carajo
su discurso de pastor evangélico que los llama a “portarse bien”. ¿Va a “pacificar”
al país dejando hacer y dejando pasar a los criminales? Es una pregunta que flota
en el ambiente.
Pero como siempre, y como sucede también en cuanto a la economía, la
educación, el empleo, la salud y hasta la felicidad de los mexicanos, López
Obrador tiene otros datos.
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