El próximo 26 de septiembre concluirá el periodo de siete años para el que fue
nombrado Lorenzo Portilla Vásquez como auditor general del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis).
Por esa razón, desde hace unas semanas el titular de este organismo se lanzó a
una inusual campaña para buscar apoyo entre los sectores involucrados en el
tema de la fiscalización, de manera que pudiesen influir en la decisión que a final
de cuentas corresponderá tomar a los diputados locales de la LXV Legislatura del
Estado: ratificarlo o nombrar a un nuevo auditor general.
Ello dependerá, en primer lugar, de la interpretación que se le busque dar a la
normatividad, ya que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Veracruz vigente establece en su artículo 88 que “el auditor general
será nombrado por un período de siete años, no podrá ser reelegido y solo se le
podrá remover por las causas graves que la ley señale, con la misma votación
requerida para su nombramiento”.
Sin embargo, cuando Portilla Vásquez fue designado, en septiembre de 2012, la
ley vigente en ese entonces sí permitía la posibilidad de la reelección o
ratificación, lo que es utilizado por el auditor como un argumento para justificar la
presunta viabilidad jurídica de su permanencia al frente del órgano fiscalizador.
Lo que parece no cuadrarle muy bien es la viabilidad política. Desde mayo, el
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local y coordinador
de la bancada de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, manifestó su oposición a
que Portilla permanezca en el cargo: “para mí no sería lo correcto, no es
saludable. Tiene que llegar otra gente. (…) Yo no digo que esté haciendo un mal
trabajo, pero ya le toca a otra persona ver cómo se está trabajando en Veracruz
respecto a los sistemas de auditorías”, declaró hace unos meses.
Asimismo, los presidentes de los Colegios de Contadores Públicos de Xalapa,
Coatzacoalcos y Veracruz solicitaron al Congreso emitir ya la convocatoria para la
renovación del Orfis, lo que fue interpretado como falta de respaldo a las
pretensiones reeleccionistas de Portilla Vásquez.
Justo a partir de ese momento, el auditor general comenzó a tener una intensa
actividad pública y mediática, que alcanzó su punto álgido con las denuncias que
presentó ante la Fiscalía General de la República en contra de la administración
que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares, por presuntas irregularidades en la
contratación e instalación del Sistema Estatal de Videovigilancia y en la Cuenta
Pública consolidada del ejercicio fiscal de 2017. Denuncias que, como ya se
analizó en una entrega anterior de la Rúbrica, no tendrían el sustento necesario
para que se proceda.
Empero, la maniobra fue vista como un franco coqueteo del auditor general del
Orfis con el gobierno estatal y los diputados de Morena, buscando con ello quedar
bien con el actual régimen. Aunque Gómez Cazarín no pareció conmoverse:
“nadie debe estar más de 14 años en un cargo de dirección. Y el que él está
haciendo bien las cosas no me va a obligar a votar por él. No está haciendo
méritos, es su trabajo y lo tiene que hacer”, sentenció el diputado de Morena.
Lo cierto es que a mes y medio de que concluya el periodo de Lorenzo Portilla, el
Congreso local sigue sin emitir la convocatoria para recibir las solicitudes para
ocupar el cargo de auditor general del Orfis, tal como se establece en el artículo
89 de la misma Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, lo que
mantiene la incertidumbre sobre qué es lo que pasará con el organismo encargado
de revisar el manejo de los recursos de todos los entes que integran la
administración pública del estado.
Organismo que, valga decirlo, en sus casi 20 años de existencia nunca ha
procedido contra ningún “pez gordo” y, por el contrario, le aprobó todas las
cuentas públicas a gobiernos como el de Javier Duarte de Ochoa, mientras éste y
su pandilla saqueaban la entidad.
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