Desde antes que comenzara formal y legalmente, el régimen de la llamada “cuarta
transformación” ha demostrado un sistemático desprecio por la ley, a la que ha
violado de manera descarada de distintas formas y en varios escenarios.
La compra de insumos y la asignación de contratos millonarios sin licitación de por
medio ha sido práctica recurrente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
–y en los de algunos de los estados dominados por Morena, como el de Veracruz-,
así como otras conductas como el abuso de autoridad, el conflicto de intereses y
el nepotismo, que para nada pueden encuadrarse dentro de los parámetros
mínimos de la ética y la honestidad. Mucho menos, en el del combate a la
corrupción, principal bandera del actual régimen.
En su afán por acallar la crítica, ha incurrido en el uso faccioso de los medios
públicos, desde donde se intenta ridiculizar, exhibir y linchar a quienes expresan
disenso con las decisiones que toma este gobierno, incluidos otros medios de
comunicación, periodistas, actores políticos y sociales, lo cual representa un
abuso de poder completamente autoritario, que manda señales alarmantes sobre
sus verdaderos propósitos.
Uno de los casos más patéticos es el de la agencia de noticias del Estado,
Notimex, que bajo la dirección de Sanjuana Martínez ha sido convertida en un
brazo golpeador que incluso se pretende elevar a la categoría de gran censor,
luego de anunciarse la creación de una sección en la que realizará un “trabajo de
verificación de información cuyo objetivo es aclarar las noticias que se transmiten
en medios tradicionales o en redes sociales, y resultan dudosas”. Pero que no es
más que otra embestida –con recursos públicos- para imponer la versión oficial
única. Y para mayor escarnio suyo, plagiando el nombre –Verificado- a una
iniciativa de los medios a los que ahora quiere enmendarles la plana.
Estacionado mental, emocional y políticamente en una época en la que no había
prácticamente contrapeso alguno al poder omnímodo del Estado –la del más
rancio priismo-, el lopezobradorismo se comporta como si ninguna de sus
decisiones tuviera que sujetarse a la legalidad, como si pudiera hacer lo que
quiera sin que eso tenga consecuencias. Por eso se delinean obras y acciones
públicas a través de “consultas” a mano alzada, sin cumplir con los requisitos
jurídicos elementales para las mismas.
Prueba de ello es el “informe” que dará el presidente de México la tarde de este
lunes desde el zócalo de la Ciudad de México para “celebrar” el primer aniversario
de su victoria electoral. Más allá de la megalomanía y el derroche que un acto de
estas características implica, la manera como se ha organizado y difundido
transgrede la legalidad.
La concentración masiva a la que convoca Andrés Manuel López Obrador no tiene
ningún argumento jurídico que la sustente. En ninguna norma se establece que
tenga que hacer “informes” antes o después del 1 de septiembre de cada año, que
es cuando sí está obligado a entregar al Congreso de la Unión los datos sobre el
desempeño de su administración. Si el objetivo fuera la transparencia, podría
“informar” a los ciudadanos sin necesidad de un evento en el que se gastarán
recursos públicos. Y no pocos.
Además, el gobierno lopezobradorista trató de imponer una transmisión en cadena
nacional a todos los medios de comunicación de lo que en realidad será un
espectáculo y no un acto gubernamental republicano. Si reculó, fue por las críticas
generalizadas a lo que hubiese representado, en los hechos, una coacción
autoritaria.
Pero por si eso no bastase, funcionarios como la secretaria de Energía, Rocío
Nahle, difundieron en redes sociales un video propagandístico en el que se
ensalza la figura de Andrés Manuel López Obrador y que más allá de las mentiras
que contiene, representa una clara violación constitucional.
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social,
que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los
tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos,
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de
cualquier servidor público”.
Un gobierno que violenta metódicamente la ley no combate la corrupción. Pero
seguro ellos tienen “otros datos”.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
