Rúbrica
El Golfo envenenado
Por Aurelio Contreras Moreno
Desde el pasado domingo 1 de marzo, las costas de Veracruz y Tabasco han
sufrido un desastre ambiental que devora la vida a su paso.
Chapopote y petróleo crudo han invadido playas, lagunas y arrecifes en una franja
que abarcaba en un principio casi 170 kilómetros de litoral, desde Pajapan,
Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco, pero que se ha extendido ya a más de 230
kilómetros, afectando a 39 localidades, 30 de las cuales pertenecen al estado de
Veracruz. Sin que ninguna autoridad atine o le preocupe siquiera hacer algo por
contener lo que ya es un ecocidio en toda forma.
No hay manera de ocultar el desastre: tortugas, peces y manatíes muertos, costas
contaminadas y manglares cubiertos de crudo viscoso que arrasa con un
ecosistema moribundo, son parte de un paisaje dantesco del que nadie se hace
responsable ni aporta soluciones.
De acuerdo con un pronunciamiento suscrito por organizaciones ambientales y
comunidades afectadas, el derrame ha alcanzado sitios de enorme valor
ecológico, como la Laguna del Ostión, vital para la reproducción de ostiones,
almejas, camarones y peces como el robalo y el chucumite. Este cuerpo de agua
es también refugio de aves migratorias y residentes cuya supervivencia depende
de la salud del manglar y de la calidad del agua. La contaminación amenaza con
romper cadenas nutritivas enteras: los hidrocarburos se adhieren a las branquias
de los peces, alteran la fotosíntesis de las plantas acuáticas y envenenan a los
crustáceos que son base alimenticia de aves y mamíferos marinos.
El Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, con 17 arrecifes, también
está en riesgo. Estos ecosistemas no solo son reservorios de biodiversidad, sino
barreras naturales contra huracanes y fuente de ingresos para el ecoturismo. La
falta de información oficial sobre el impacto en los arrecifes revela una omisión
grave: sin estudios inmediatos, los daños podrían ser irreversibles.
Se estima que unas 14 mil personas dependen directa o indirectamente de la
pesca y el turismo en la zona afectada. Para ellas, el derrame significa hambre,
enfermedad y despojo.
La contaminación del mar no solo destruye fuentes de sustento, también amenaza
la salud pública. El contacto con hidrocarburos puede provocar irritaciones en la
piel, problemas respiratorios y daños neurológicos. El consumo de pescado
contaminado expone a las comunidades a riesgos de intoxicación crónica. La
omisión de las autoridades, tanto federales como estatales, en este sentido, no es
solo negligencia: es complicidad con el deterioro de la salud de miles de personas.
En un comunicado del 2 de marzo, Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó “alguna
fuga o derrame petrolero en las playas del sur de Veracruz”. Sin embargo,
imágenes satelitales del 20 de febrero revelaron una mancha de petróleo de 37
kilómetros mar adentro frente a Campeche, posiblemente vinculada con
infraestructura petrolera y con dispersión hacia Tabasco y Veracruz, denunció la
Red Corredor Arrecifal del Golfo de México. La narrativa oficial es la recurrente:
minimizar, negar y dilatar responsabilidades. El sello de la casa.
El gobierno federal y las autoridades ambientales han guardado silencio o emitido
respuestas insuficientes. No hay protocolos claros de atención, ni brigadas de
limpieza, ni estudios independientes que determinen el origen del derrame. Así
que la omisión es doble: frente a la emergencia inmediata y frente a la necesidad
de prevenir futuros desastres. Y ya hemos tenido experiencias bastante recientes
sobre las consecuencias de esos niveles de indolencia en Veracruz.
Al proteger a la industria petrolera y evitar fincar responsabilidades, el Estado
sacrifica la vida de comunidades y ecosistemas en nombre de un modelo
energético en camino firme e inexorable hacia la obsolescencia. La falta de
protocolos efectivos de prevención y atención a derrames refleja la subordinación
de la política ambiental a los intereses de la industria fósil, que algunos
trasnochados aún creen que pervivirá por mucho tiempo.
Pero el Golfo de México no es propiedad de Pemex ni del gobierno, ni sus aguas,
costas, arrecifes, flora y fauna monedas de cambio para sostener una caja chica.
Son territorios de vida que sostienen a miles de familias y especies. La omisión, en
este caso, equivale a un acto de violencia, de agresión contra comunidades y
especies de esta región del país.
El derrame de petróleo en el Golfo de México es un crimen ambiental y social. Y a
los que cometen crímenes se les sigue llamando, invariablemente, criminales.
Ausencia de seriedad
Faltar a la palabra, cambiar unilateralmente lo acordado previamente y causar
daño con premeditación, es un signo inequívoco de deshonestidad y corrupción. Y
luego quieren dar lecciones de moral.
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