Rúbrica
Primero vinieron por la UV
Por Aurelio Contreras Moreno
El reciente caso de la Universidad Autónoma de Campeche es una prueba, una
muy cruda, de la ofensiva que sufren las universidades públicas en México para
someterlas a los designios del poder político.
La persecución contra el rector, José Alberto Abud, quien se atrevió a negarse a
poner a la institución a las órdenes del régimen de la cuasidictadora campechana
Layda Sansores –por mucho, de lo peor que hay en Morena, donde esa
competencia es realmente fuerte-, es una muestra de hasta dónde están
dispuestos a llegar en su desaforada carrera hacia la autocratización.
Como rechazó autorizar que la universidad fuera escenario de actos con tufo
partidista –que Morena pretendía aprovechar-, y en la víspera de su reelección al
frente de la casa de estudios, el académico fue detenido el pasado lunes 12 de
enero mediante una maniobra por demás silvestre: fue imputado por una supuesta
posesión de drogas, burdamente “sembradas” por policías estatales para
incriminarlo.
Desde 2024, Abud había sido objeto de ataques públicos en el programa “Martes
del Jaguar” de la gobernadora Layda Sansores, quien lo acusó de ser “aviador” y
de supuestas irregularidades administrativas, en un acto más de descarnado y
vomitivo abuso de poder de los que son muy usuales en Campeche, que por
mérito propio ya es motejado como un estado “bananero”, gobernado por una
déspota que también persigue periodistas y los obliga no solo a no criticarla, sino
hasta a dejar de ejercer su profesión por atreverse a hacerlo, so pena de ir a la
cárcel.
Menos de 24 horas después de la detención, Abud fue destituido como rector en
una sesión exprés del Consejo Universitario y, en su lugar, fue colocada “fast
track” una alfil de Layda Sansores. Abud fue liberado a los dos días, pero ya no es
el rector. La Universidad ha sido tomada como botín.
Fue tan vulgar y evidente el ardid, que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum
marcó su distancia al declarar que “no se puede usar la justicia como una vendetta
política”. Aunque no habló de reparar el daño causado por su “amiga” –como ella
la llama-, la gobernadora represora de Campeche.
Lejos de ser un hecho aislado, esta situación forma parte de un plan mayor de
captura de las universidades públicas del país. En Veracruz acabamos de vivirlo
de una manera igual de grotesca, con el secuestro de la Universidad Veracruzana
a manos de una camarilla pandilleril, que también torció la ley con el aval de un
Poder Judicial timorato y cómplice, cuyos jueces ni siquiera se atrevieron a
estudiar de fondo las quejas y prefirieron desechar sin discusión los amparos que
se solicitaron, porque sabían perfectamente que la “prórroga” que se autoconcedió
Martín Aguilar Sánchez vía sus títeres en la Junta de Gobierno, es ilegal, y su
extensión de rectorado, espuria.
En Veracruz como en Campeche, la autonomía de sus universidades quedó
reducida a una simulación y pasaron a estar subordinadas a intereses políticos
ligados directamente al régimen.
Y ahora tienen la mira puesta en la UNAM, en donde el morenato no oculta su
ambición de extender esta andanada, como quedó expuesto con la intentona de
prohibir publicaciones críticas de la “4t”, como un libro recientemente editado por
el Instituto de Investigaciones Jurídicas, “La inconstitucionalidad de la
sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión”, que provocó la furia
de los morenistas pues analiza, a través de reconocidos juristas, la ilegalidad en la
forma en la que el partido oficial se apoderó de las cámaras sin haber obtenido la
votación suficiente para ello.
Uno de los que vocifera es el impresentable diputado “dato protegido” o
“Gutierritos”, Sergio Gutiérrez Luna, quien salió a quejarse de que en el referido
Instituto hay “personajes incrustados” que “solo investigan cosas contra Morena”,
en una amenaza directa contra la libertad académica, de investigación y de
expresión.
El objetivo final no es difícil de prever: neutralizar la capacidad crítica de las
universidades y convertirlas en aparatos de legitimación del discurso oficial, sin
posibilidad de disenso ni universalidad y menos pluralidad, lo que es contranatura
de la existencia misma de las instituciones de educación superior.
Lo ocurrido en Campeche y Veracruz es el arranque del asalto a las universidades
públicas para despojarlas de su papel como contrapeso democrático y degradarlas
a espacios de adoctrinamiento. Y están dispuestos a hacerlo por la buena o por la
mala.
Pero no hay que olvidar que primero vinieron por la UV. Y muchos no dijeron
nada. Ahora van por todas.
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