Una pareja del municipio de Tlaxiaco, en la región de la Mixteca de Oaxaca, denunció que funcionarios del Registro Civil los inscribieron en un matrimonio sin su consentimiento.
El hecho fue presentado como queja formal ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) el pasado 24 de noviembre de 2025, solicitando la investigación de los hechos, la anulación del acta y la determinación de responsabilidades contra los servidores públicos involucrados.
De acuerdo con la denuncia, la pareja había entregado una solicitud para celebrar su matrimonio civil, con fecha programada para el 6 de noviembre de 2025. Sin embargo, por motivos personales no pudieron presentarse a la Oficialía del Registro Civil de Tlaxiaco para llevar a cabo la ceremonia.
Al tratarse de una situación de fuerza mayor, tampoco pudieron avisar previamente a la dependencia sobre su ausencia.
Intento de cancelación
Ese mismo día, alrededor de las 15:00 horas, la joven que iba a contraer matrimonio acudió a la Oficialía del Registro Civil para solicitar información sobre los trámites necesarios para cancelar el procedimiento. La respuesta que recibió fue que no era posible cancelar la solicitud y que era “forzoso” que se casaran, debido a que el pago por el derecho de matrimonio ya había sido realizado por una empleada de la dependencia.
La denunciante relató que esta respuesta la sorprendió, pues conoce que uno de los principios rectores del matrimonio es el consentimiento libre y expreso de los contrayentes. Ante la falta de solución, decidió retirarse sin realizar ningún pago.
El 10 de noviembre de 2025, la pareja recibió una llamada de funcionarios del Registro Civil de Tlaxiaco para exigirles que acudieran a las oficinas a realizar un pago pendiente, argumentando que una trabajadora había cubierto el costo de su bolsillo. Sin embargo, los denunciantes señalaron que no existía ningún recibo ni comprobante que acreditara ese supuesto pago, lo que generó dudas sobre la legalidad de la exigencia.
Acta de matrimonio sin ceremonia
Posteriormente, los funcionarios procedieron a registrar el matrimonio de la pareja, generando un acta oficial sobre una ceremonia que nunca se realizó. De acuerdo con la denuncia, no hubo presencia de los contrayentes, no se firmaron documentos y no existió ninguna manifestación de voluntad para contraer nupcias.
El 20 de noviembre, la pareja solicitó la anulación del acta, pero el funcionario encargado se negó, argumentando que el registro ya estaba dado de alta en el sistema. Como pruebas, los denunciantes presentaron un video y una copia del acta de matrimonio.
En su queja, la pareja citó los artículos 104 y 105 del Código Civil de Oaxaca, los cuales establecen que para la validez del matrimonio es indispensable la presencia de los contrayentes y su consentimiento expreso. La inscripción realizada por los funcionarios, señalaron, constituye una violación a estos principios legales y representa un acto de abuso de autoridad.
Falsificación de documentos del Registro Civil es un delito grave
La falsificación de documentos oficiales, como actas de nacimiento, matrimonio o defunción emitidas por el Registro Civil, constituye uno de los delitos más severamente sancionados en el país. El Código Penal Federal, en sus artículos 243 a 246, establece que la falsificación de documentos públicos se castiga con prisión de cuatro a ocho años y con una multa de 200 a 360 días de salario mínimo.
La norma distingue entre documentos públicos y privados. En el caso de los documentos privados, como contratos o escrituras, la pena es menor: de seis meses a cinco años de prisión y multas de 180 a 360 días. Sin embargo, cuando se trata de documentos expedidos por una autoridad pública. como los del Registro Civil, la sanción es más alta, pues se considera que su falsificación afecta directamente la certeza jurídica y la confianza en las instituciones.
El Código Penal también contempla agravantes: si el delito es cometido por un servidor público, la pena puede aumentar hasta en una mitad más, lo que significa que un funcionario que participe en la falsificación de documentos oficiales podría enfrentar hasta 12 años de cárcel.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha advertido que este tipo de delitos no sólo vulnera la legalidad, sino que también se utiliza en fraudes relacionados con identidad, herencias, matrimonios y trámites migratorios. Por ello, en los últimos años se han reforzado los mecanismos de verificación digital y se han implementado candados tecnológicos para reducir el riesgo de falsificación en el Registro Civil.
