En un estado marcado por su riqueza hídrica y su historia de luchas territoriales, el robo de agua —conocido ya como huachicol hídrico— se ha convertido en una práctica extendida que afecta tanto a zonas urbanas como rurales.
Desde tomas clandestinas en Xalapa hasta la extracción ilegal de manantiales en comunidades como El Castillo, el fenómeno revela una red de complicidades, negligencia institucional y despojo ambiental.
En Xalapa, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) ha detectado más de 300 tomas clandestinas, muchas instaladas con presunta complicidad de trabajadores del organismo.
Estas conexiones ilegales disminuyen la presión en colonias vulnerables y generan pérdidas de más de 21 millones de metros cúbicos de agua al año.
“El agua que falta en nuestras casas está siendo desviada por intereses privados. Es un robo institucionalizado”, denunció una vecina de la colonia Higueras.
LOS MANANTIALES
En la congregación de El Castillo, municipio de Xalapa, el saqueo sistemático de los manantiales ha provocado una crisis ambiental que trasciende lo ecológico: se trata también de una herida simbólica en el vínculo entre comunidad y territorio.
Durante meses, hasta 40 pipas diarias extrajeron agua de los nacimientos naturales, equivalentes a 10 mil litros diarios, aproximadamente, reduciendo el caudal de los ríos y dejando a las comunidades sin acceso al recurso más vital.
Este saqueo se sumó la descarga de aguas negras desde colonias urbanas que contaminaban el río y la laguna.
El impacto fue inmediato: el río El Castillo se secó parcialmente, los nacimientos disminuyeron hasta un 50% y la fauna local comenzó a desaparecer.
Pero más allá del daño físico, los habitantes señalan una pérdida profunda: “Nos quitaron el agua, pero también nos quitaron parte de nuestra historia”, afirmó una vecina de Rancho Nuevo.
“Nos están quitando el agua y nos están dejando la contaminación. El río es nuestra historia, nuestra memoria”, lamentó un habitante durante una protesta. Todos acusaban que esta extracción estaba dando mucho dinero a unos cuantos con recursos naturales.
En junio de 2024, los habitantes bloquearon los caminos hacia los manantiales y cerraron el acceso con cadenas y candados para impedir el ingreso de pipas. La población se organizó y comenzaron a convocar a asambleas urgentes.
Se organizaron reuniones comunitarias para tomar decisiones colectivas y defender el recurso hídrico, convocando a pobladores de localidades como El Castillo Chico, Las Cruces, Rancho Nuevo, entre otras. Determinaron iniciar campañas de reforestación que a la fecha continúa.
Pero el problema se hace más grande. La oposición de un pueblo a que siguiera la extracción para surtir de agua a una ciudad de casi 500 mil habitantes ha obligado a la autoridad a buscar otras fuentes de abastecimiento y el proyecto actual es la perforación de pozos.
Sin embargo, el mal está extendido, porque también existe la corrupción que ha permitido que existan tomas clandestinas.
A lo largo de los años, los organismos administradores del agua a nivel municipal y estatal han tratado de cobrar adeudos con el corte de suministros, pero lo que no han logrado es detectar propiamente cuando los usuarios se conectan directamente desde las tomas públicas y no pasan por los medidores.
La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa detectó 92 tomas clandestinas en una colonia irregular al norte de la ciudad, en lo que representa el mayor caso de conexiones ilegales descubierto hasta la fecha por la dependencia.
Durante trabajos de infraestructura en la zona, personal técnico de CMAS observó que numerosas viviendas contaban con servicio de agua sin estar registradas oficialmente ni contar con medidores.
La directora del organismo, Ana Iris Ruiz Gómez, confirmó que se aplicaron multas de hasta 9 mil pesos a los responsables y se procedió a limitar el suministro hasta que se regularicen mediante contrato.
“No descartamos que haya personal interno involucrado, pero no tenemos pruebas aún”, declaró Ruiz Gómez, al ser cuestionada sobre una posible red institucional detrás de las instalaciones ilegales.
Por otra parte, esta falta de pagos y el “robo” de agua, ha causado que los ingresos en el organismo operador no sean suficientes para poder crear nuevos mecanismos tanto para la vigilancia como para cubrir obras y adeudos millonarios que llevan años pagando, lo que hace que el servicio sea cada vez más caro para el usuario promedio.
Jacinto y sus hermanos han vivido solos en una propiedad intestada que cuenta con muchos problemas, el principal es que dejaron de pagar el servicio de agua potable y la operadora los dejó sin medidor y sin servicio.
Desde hace años en su domicilio no hay agua, pero los vecinos aseguran que ellos siguen teniendo servicio como si no se las hubieran cortado. “Pues es que le pagan a un supervisor y los dejan que usen el servicio, porque si pagaban todo el adeudo no les alcanzaba. Y así como él hay otros”, señalaron.
