Rúbrica
La nueva Inquisición judicial
Por Aurelio Contreras Moreno
La “transformación” del Poder Judicial de la Federación, cuya nueva conformación
entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, no es -como se ha querido
vender desde Palacio Nacional y sus satélites mediáticos y propagandísticos- una
democratización de la justicia. Es, en realidad, la culminación de un proceso de
captura institucional que busca convertir al aparato judicial en un instrumento de
persecución política. Y los primeros en la mira son, desde antes incluso de su
entronización, los periodistas críticos.
Desde que tomó el poder, el régimen morenista ha mostrado una obsesión
enfermiza por controlar la narrativa pública. Lo hizo primero desde la tribuna
presidencial, con las infames “mañaneras” de Andrés Manuel López Obrador, que
sirvieron como paredón mediático para exhibir, descalificar y estigmatizar a
comunicadores incómodos.
Luego vino la judicialización del disenso: demandas por daño moral, acusaciones
de violencia política de género, y hasta procesos penales por delitos que deberían
estar extintos en cualquier democracia funcional, que es lo que en este momento
se vive en varios estados del país.
Pero lo que se avecina con el nuevo Poder Judicial es aún más grave. Porque
ahora, el garrote no será solo simbólico o mediático: será institucional, legal, y con
toga y birrete.
La reforma judicial aprobada por el Congreso y ratificada por el Ejecutivo federal
implica la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para
investigar y sancionar a jueces, magistrados e incluso ministros. En teoría, eso
que podría fortalecer la rendición de cuentas, en la práctica abre la puerta a una
“cacería de brujas” contra quienes se atrevan a fallar en contra de los intereses del
régimen, incluidas sus querellas contra periodistas que los exhiben e incluso
ciudadanos que se quejen de sus abusos y corruptelas.
Más preocupante aún es el nuevo mecanismo de designación de juzgadores. La
mitad de los mil 671 jueces federales que tomarán protesta el 1 de septiembre
provienen de una elección fraudulenta, en la que los perfiles -propuestos por el
Legislativo y el Ejecutivo, controlados por Morena- fueron “elegidos” a través de
una monumental y grotesca inducción del voto vía “acordeones”, pues nadie
conocía verdaderamente a los aspirantes cuya función no será la de juzgadores
legítimos, sino la de operadores políticos con toga.
¿Y qué se espera de ellos? No mucho. Solo que cumplan con la “encomienda” y
castiguen a los críticos, silencien a los incómodos y conviertan al Poder Judicial en
una extensión del aparato de propaganda oficial, como ya se ha podido ver que
sucederá con las actitudes y declaraciones plenas de demagogia del próximo
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar.
La preocupación no es gratuita ni el riesgo hipotético. Apenas este lunes, Beatriz
Gutiérrez Müller, esposa del expresidente López Obrador, escribió en redes
sociales que con el nuevo Poder Judicial “está la opción real de denunciarlos y
que se haga justicia”, refiriéndose a periodistas que replicaron la información de un
diario español sobre su presunta mudanza –desmentida a medias- a un lujoso
fraccionamiento en España. La frase fue acompañada de un amenazante “esperen
sentados”.
No es la primera vez que desde el entorno presidencial se lanza una amenaza
directa contra medios y periodistas “incómodos”. Pero esta vez, la diferencia es
que el régimen tendrá a su disposición un aparato judicial renovado, alineado y
dispuesto a ejecutar esas advertencias, como ha quedado claro con la embestida
de los últimos meses, en los que varios periodistas han sido víctimas de censura y
acoso judicial por sus críticas a políticos del régimen.
Aunque la Corte saliente emitió recientemente criterios jurisprudenciales que
fortalecen la protección de periodistas frente a demandas civiles y reconocen, por
ejemplo, que las opiniones sobre asuntos de interés público merecen protección
constitucional, esos criterios podrían quedar en letra muerta si la nueva
“Inquisición”, o sea, el Tribunal de Disciplina Judicial, decide ignorarlos,
reinterpretarlos, o simplemente perseguir a los jueces que los apliquen.
La reforma judicial se vendió como una medida para acercar la justicia al pueblo,
pero en realidad busca acercarla al poder. Se dijo que permitiría elegir a los
jueces, pero lo que se eligió fue a los leales. Se prometió que fortalecería la
independencia, pero lo que se consolidó fue la subordinación.
El 1 de septiembre será una fecha clave. No solo por la instalación del nuevo
Poder Judicial, sino por lo que representa: el intento de consolidar un régimen que
no tolera la crítica, que no respeta la autonomía, y que no cree en la libertad.
Para eso querían su reforma judicial. Ni más ni menos.
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