Rúbrica
UV, en el límite entre la legalidad y la arbitrariedad
Por Aurelio Contreras Moreno
La Universidad Veracruzana (UV) atraviesa una de las crisis institucionales más
graves de su historia. La ambición desmedida del grupo que intenta sostener
ilegalmente a Martín Aguilar Sánchez en la rectoría sin cumplir con los requisitos
de ley para iniciar un nuevo periodo y, por ese motivo, buscando una burda
imposición pseudolegal, amenaza con hundir para siempre la credibilidad y el
prestigio de la llamada “máxima casa de estudios” del estado.
Las vacaciones de verano transcurrieron entre las solicitudes de amparo –cinco
por lo menos- que varios académicos e investigadores de la Universidad
presentaron y que la rectoría, de manera inverosímil, ha intentado desvirtuar
utilizando la desinformación, circulando interpretaciones malintencionadas y
abiertamente falsas de la respuesta de los jueces y jugando a que no pasa nada, a
que el tema de la prórroga de Martín Aguilar está concluido y apostando a ganar
tiempo y que llegue la “fecha límite” del 1 de septiembre, cuando inicia el nuevo
periodo rectoral, para decir “consummatum est”.
Sin embargo, todos los amparos contra la prórroga están en curso, ninguno ha
sido resuelto en definitiva. El fondo de los mismos sería abordado incluso después
de ese “deadline” del 1 de septiembre, lo que metería en un brete a la Universidad
Veracruzana, ya que a partir de ese momento, jurídicamente Martín Aguilar estaría
usurpando la rectoría.
La muy corrupta y “parchada” Junta de Gobierno tiene una total y absoluta
responsabilidad en todo este entuerto y por la cual, en algún momento deberá
rendir cuentas: los alfiles de Martín Aguilar –a cambio de prebendas, privilegios y,
por supuesto, plazas- han avalado la farsa ilegal de la “prórroga” directa, figura
que no existe en la legislación universitaria, ya que si bien se contempla como un
derecho que el rector en funciones busque ampliar por un periodo su gestión,
establece que esto se someta al escrutinio de la comunidad universitaria y que
otros interesados presenten propuestas alternativas y hasta antagónicas.
La Junta de Gobierno, al imponer una prórroga sin convocatoria, sin auscultación y
sin competencia, ha cerrado el acceso a la participación universitaria. Ha
convertido un proceso plural en una decisión unilateral. Ha sustituido el debate por
la imposición. Y eso, en una universidad pública, es inaceptable. Al grado que
tendría que llegar a fincárseles consecuencias penales a sus integrantes, que ya
perdieron cualquier legitimidad para ejercer esa función.
La comunidad universitaria tiene derecho a participar en la elección de sus
autoridades. Tiene derecho a exigir transparencia, legalidad y respeto. Y tiene el
deber de defender la autonomía frente a cualquier intento de simulación o
manipulación. En cambio, la “pandilla de Martín” ha hecho todo lo contrario,
instrumentando una pantomima para apoderarse de la UV.
Hay una salida para este embrollo. La Junta puede nombrar a un rector interino a
partir del 1 de septiembre, mientras se resuelve el fondo de los amparos. Puede
emitir una convocatoria tardía. Puede, incluso, rectificar su decisión y abrir el
proceso. Lo que no puede -sin incurrir en una violación flagrante a la legalidad- es
ignorar el conflicto y seguir adelante como si nada ocurriera.
La Universidad Veracruzana no es solo una institución educativa. Es un espacio
de pensamiento crítico, de formación ciudadana, de producción científica y de
construcción democrática. Su autonomía no es un privilegio, sino una
responsabilidad. Y esa responsabilidad implica respetar sus normas, sus procesos
y su comunidad. La prórroga de Martín Aguilar, tal como fue aprobada, representa
una ruptura con ese espíritu. No se trata de continuidad, sino de legalidad y
legitimidad.
El 1 de septiembre representa el límite entre la legalidad y la arbitrariedad. La UV
debe decidir si sigue siendo una institución abierta, crítica y plural, o si se
convierte en una caricatura de sí misma.
Y encima, plagiadores
Por si algo faltase, este jueves se dio a conocer un plagio cometido en la edición
2013 de la obra del escritor ruso Fiodor Dostoyevski “Memorias del subsuelo”,
publicada por la Editorial de la UV. El prólogo, firmado por Omar Valdés Benítez,
reproduce casi íntegramente un ensayo del escritor estadounidense David Foster
Wallace.
Y resulta que Omar Valdés Benítez ha sido el “autor” de los textos de los discursos
públicos de Martín Aguilar Sánchez durante los últimos cuatro años. Además de
que, dicen los que saben, a pesar de que cobra en rectoría, nunca va.
Habría que preguntarse, dado que durante toda la gestión de Martín Aguilar ha
sido su amanuense, ¿los discursos son originales o también se los pirateó?
Es pregunta.
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