Organismos del sector empresarial rechazaron la regularización de vivienda despojadas a sus legítimos dueños por parte del gobierno federal.
En un comunicado conjunto de Coparmex, Concanaco, Comce, AMIB y CNET dijeron que esta medida contradice el mandato legal del Infonavit y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo.
Afirmaron que desde 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión, pues el índice de morosidad se disparó de 7.8% en 2018 a más de 18% en 2024.
Si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende a 32%. Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago”.
VEN COMPROMETIDO EL FUTURO FINANCIERO DEL INFONAVIT
Por ello dijeron que en lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto.
Expresaron que la administración anterior ya había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos: “Ahora, se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen alguna situación pendiente con el pago de su crédito. Esto representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país.
Frente a la intención de entregar viviendas a ocupantes irregulares a precios subsidiados, exigimos que se priorice la legalidad y se resguarden los recursos de los derechohabientes. El Infonavit no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen, ni transferirlas a terceros sin vulnerar derechos de propiedad”, remarcaron.
