La violencia en contra de los candidatos, principalmente de oposición, provocó que se ampliara el periodo de registro de las postulaciones de los partidos para las elecciones del 1 de junio, cuando se renovarán los 212 ayuntamientos veracruzanos.
El Organismo Público Local Electoral de Veracruz terminó de recibir los registros el pasado 4 de abril, siendo que estaba establecido que lo harían hasta el 31, porque los partidos no terminaban de concretar los nombramientos de los candidatos.
Fueron varios factores, pero el principal ha sido las amenazas que los participantes han recibido para exigirles que se retiren de la contienda. En algunos casos ya hubo asesinatos y en otros casos ya hubo peticiones de seguridad, sólo que el OPLE no puede otorgar hasta que no sean formalmente nombrados candidatos, según lo señalado por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional.
A esta queja también se sumó el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo, quienes acusaron que sus candidatos han recibido amenazas para que no participen en la contienda electoral.
Y aunque las autoridades estatales aseguran que no hay “focos rojos” en violencia política-criminal en Veracruz, la Organización Data Cívica publicó en su reporte mensual sobre los eventos y expectativas de su evolución en 2025, del 1 al 28 de febrero, un estudio en el que señala que la violencia se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios.
Si bien data cívica señala hechos de violencia en 14 estados, tan sólo en Veracruz contabilizaba en febrero de 2025 ocho casos.
Era la temporada de los precandidatos, las intenciones ya se hacían públicas, pero conforme los aspirantes hacían exposiciones sobre su intención de participar, así también era el nivel de la amenaza. Durante febrero, Veracruz registró tres ataques violentos contra aspirantes.
La violencia político-criminal en Veracruz sigue creciendo conforme se acercan las elecciones. Sólo en febrero de este año, presuntos grupos de la delincuencia organizada atacaron a tres precandidatos y aspirantes para alcaldes en el estado”, indica el documento.
El 3 de febrero, José Antonio Olivares Solano, aspirante a la candidatura de Morena en Jilotepec, municipio cercano a la capital del estado, denunció que sujetos armados balearon la fachada de su vivienda y le dejaron un mensaje amenazante para abandonar la contienda.
El 6 de febrero, en el municipio de Paso del Macho, región cañera ubicada en la región central del estado, el secretario del ayuntamiento Carlos Ramsés Neri, aspirante a la alcaldía junto con su hermano Daniel, fueron secuestrados y un día después los encontraron muertos, con huellas de tortura.
El empresario ferretero Vicente Domínguez, aspirante a la candidatura para la alcaldía de Cotaxtla, fue secuestrado el lunes 10 de febrero, cuando con un grupo de personas pintaban bardas en una comunidad. Tres días después llegó por su propio pie a su domicilio, golpeado.
En Poza Rica, el regidor octavo del PRI, Víctor Manuel Benavides Cobos fue secuestrado y liberado días después. Previamente había sido atacado a balazos afuera de un hospital, pero en esta ocasión se lo llevaron y le exigieron a su familia una cantidad por su liberación. “Tuvieron que ofertar bienes para que lo liberaran rápido”.
Benavides había mostrado interés en participar en la contienda, pero a partir de este secuestro se retiró y dijo que ya no participaría.
Veracruz es la tercera entidad con más ataques de violencia político-criminal desde 2018 a la fecha. De acuerdo con la base de datos de Votar entre balas hemos observado que estos eventos se intensifican en los meses previos a las elecciones locales”, señala Data Cívica.
