El equipo jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezado por el consultor Pablo Arrocha Olabuenaga participará este martes en la audiencia que se realizará en la Corte Suprema de los Estados Unidos, como parte de la demanda presentada por el gobierno mexicano en agosto de 2021 contra fabricantes de armas en una corte federal de Boston, Massachusetts.
Actualmente, se dirimen dos procesos contra fabricantes de armas y tiendas de venta en la Corte Suprema y ante la corte de Tucson, Arizona, debido a sus laxos controles que incentivan el tráfico hacia organizaciones de delincuentes que operan en nuestro país y que con ellas han sido causa de violencia.
Para la audiencia de este martes, los integrantes de la Corte han recibido nueve escritos de “amigos de la corte” -amicus curiae-, de distintos sectores de la sociedad civil en ambos lados de la frontera, que suman a los argumentos esgrimidos por el gobierno de México para mantener este proceso.
Demanda contra armerías en Tucson, en recolección de evidencia
En tanto, sobre el litigio que se sigue en la corte de Tucson, Arizona, en contra de cinco tiendas de armas, se continúa la etapa de recolección de evidencia a fin de ir hacia el fondo del caso.
Ambas demandas buscan resarcir el daño económico que ha significado para México el nivel de violencia enfrentado en los últimos años y al mismo tiempo obtener mayores controles en la venta de armas en la Unión Americana para que el flujo ilícito no pare en territorio mexicano.
Para llevar a cabo el proceso ante las cortes, la cancillería se apoya por los abogados Jonathan Lowy, presidente de Global Action Against Gun Violence, y Steve Shadowen, representantes legales de México.
Hasta 2023, México estimaba en más de 15 mil millones de dólares (5 por ciento del PIB) los daños y perjuicios causados por el tráfico ilegal de armas en que incurren fabricantes de Estados Unidos.
Entre 2018 y 2023, se decomisaron en México casi 50 mil armas de fuego, 65 por ciento más que en la administración anterior, de las cuales alrededor de 650 eran de alto poder, principalmente calibre 50 capaz de perforar blindajes y que son favoritas de los grupos del crimen organizado, además de 250 mil cartuchos útiles.
Al respecto, Estados Unidos ha reconocido que el 70 por ciento de las armas incautadas en México en manos del crimen organizado provienen de los Estados Unidos.
