Rúbrica
Golpe mortal a las libertades y los derechos humanos
Por Aurelio Contreras Moreno
Imagine que un día, a un gobierno –del partido que fuere- se le ocurre mandar una
iniciativa de ley para prohibir en la Constitución de la República que vote y sea
votada para cargos de elección popular cualquier persona que no esté dada de
alta en Hacienda, por mencionar un supuesto.
Esa iniciativa es aprobada contra viento y marea gracias a que el partido en el
gobierno cuenta con una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y dada
esa condición desoye todos los cuestionamientos acerca de que se trata de un
acto de discriminación que atenta contra el derecho de toda la ciudadanía a votar
y ser votada.
Lo primero que viene a la mente es que los afectados busquen revertir esa
decisión autoritaria y, a todas luces absurda, acudiendo a las instancias legales
que se encargan de defender sus derechos humanos y políticos, dentro y fuera de
México. Pero resulta que otra ley aprobada por ese mismo partido –o por otros
que le hayan antecedido en el ejercicio arbitrario del poder- impide que se pueda
impugnar una reforma constitucional, aunque violente derechos humanos, aunque
haya quebrantado el proceso legislativo y aunque esté hecha con las patas.
Pues eso está ocurriendo en el México del “segundo piso de la transformación”, en
el régimen más destructor de la historia. En medio de la batalla legal de la reforma
judicial que desbarata la división de poderes en México y de la resistencia desde
el Poder Judicial a través de las herramientas jurídicas de que dispone, los
senadores de Morena presentaron una iniciativa de reforma que busca
precisamente eso: evitar que una enmienda a la Constitución que atenta contra el
derecho a la justicia pueda ser impugnada y echada abajo. Y más allá.
La reforma impulsada por los coordinadores de Morena en el Senado, Adán
Augusto López, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, así como por el
presidente de la Cámara alta Gerardo Fernández Noroña, plantea modificar el
artículo 105 de la Constitución para señalar que “son improcedentes
las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan
por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su
proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que
busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades
competentes en materia electoral”.
También se modifica al artículo 107, prácticamente volviendo inoperante el
amparo, el cual no procederá “contra adiciones o reformas a esta Constitución” en
los mismos términos que el anterior numeral.
Pero quizás la peor de todas las enmiendas que contiene la iniciativa de las tres
ex “corcholatas” presidenciales es la del artículo 1 de la Constitución, el que
protege los derechos humanos, que serían gravemente amenazados.
La redacción propuesta por los autócratas morenistas para el artículo 1 establece
que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso
pueden ser inaplicadas por el control de convencionalidad”.
El Control de Convencionalidad es la obligación de las autoridades de los
diferentes estados/países de ajustar sus actuaciones a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Esta reforma lo que implica es que México, a pesar de estar suscrito a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, podrá hacer leyes que
contravengan sus lineamientos y desacatar las sentencias de la Corte
Interamericana que le ordenen rectificar, aun cuando se violen flagrantemente
derechos fundamentales de las personas.
Así lo alertaron de inmediato Amnistía Internacional México y el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que tildaron la
brutal iniciativa morenista de “amenaza” y “retroceso” para los derechos humanos
en el país.
Las intenciones manifiestas del régimen morenista, el que se promueve como
dizque progresista, van más allá de someter al Poder Judicial y pulverizar la
división de poderes. Es la implantación, sin ambages, de una autocracia que limita
–y que si quiere, puede suprimir- los derechos humanos y no acepta arbitrajes
externos en nombre de la “soberanía” con la que han llenado sus discursos todas
las dictaduras de la historia.
Y para que no quede duda de su gravísimo talante autoritario, la reforma se
propone sea retroactiva, al disponer que cualquier juicio, recurso o consulta en
trámite “en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta
Constitución, por su forma, procedimiento o fondo” quedarán “sin materia y serán
sobreseídos”. Precisamente, en contra de uno de los principales principios del
derecho, que establece que ninguna ley puede ser retroactiva en prejuicio de los
ciudadanos.
El morenato se quitó finalmente la máscara, se revela cuan gorilesco es y está por
asestar un golpe mortal a las libertades y a los derechos humanos en México,
concentrando el poder de manera grotesca para hacer lo que le venga en gana. Y
con eso cargarán sobre sus espaldas Andrés Manuel López Obrador, Claudia
Sheinbaum y todos quienes, por obra u omisión, facilitaron y hasta aplaudieron
salivando la restauración autoritaria que lamentarán toda la vida.
Si no es una dictadura, ¡cómo se le va pareciendo cada vez más!
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