Tras 11 años de la masacre en el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León (25 de agosto 2011), autoridades federales y locales ofrecieron una disculpa pública a los familiares de las 52 víctimas mortales del incendio provocado por integrantes del Cártel de los Zetas.
A nombre del Gobierno de México, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció la omisión en que incurrieron en su momento autoridades federales de esta dependencia, particularmente de la Dirección General de Juegos y Sorteos que falló en el control, vigilancia e inspección periódica del permiso que ampara el permiso de funcionamiento de la casa de apuestas.
“Queremos ofrecer una disculpa honesta y sincera, sin dobleces y sin ningún tipo de ambigüedades porque tenemos que reconocer que en este acto de terror y de barbarie se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad física y seguridad personal y a la vida”.
Informó que para evitar una situación similar “desde hace varios meses” no han entregado un solo permiso a las casas de juegos y sorteos “hasta en tanto no se haga la revisión integral de los permisos que se han otorgado, muchos de ellos indebidamente, de que se concluyan los alegatos jurídicos que enfrentamos con amparos ante los jueces por los permisos otorgados y hasta que tengamos una regulación que garantice un funcionamiento transparente, legal y seguro”.
La disculpa pública deriva de la recomendación 66/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitida el 29 de noviembre del 2012, que tiene como objetivo la resignificación de la rendición de cuentas y la reprobación a las omisiones que se cometieron que produjeron como resultado la tragedia.
Sin la presencia de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, ni del gobernador de Nuevo León, Samuel García, el subsecretario de Gobernación refrendó a los familiares de las víctimas el compromiso de reparación del daño y la garantía de que no volverán a ocurrir este tipo de hechos.
En tanto, el alcalde de Monterrey, Donaldo Colosio reconoció que la administración de entonces falló en su misión de cuidar a la población, “no fue eficiente y no fue solidario”.
“Porque resulta evidente que existió una grave falta de coordinación entre Desarrollo Urbano de Monterrey y Protección Civil del Estado y otras autoridades tanto locales como federales. Esa falta de atención y descuido derivaron en una tragedia, pero también en el atropello de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, como la protección a la salud, la legalidad personal, seguridad personal e integridad física”.
A nombre de las víctimas, la señora Samara Pérez Muñiz, lamentó que la disculpa pública no se ofreciera el pasado 25 de agosto cuando se cumplieron 11 años del crimen masivo, se llevara a cabo en el LAB Nuevo León y no en el Palacio de Gobierno. Además de que no asistiera el gobernador de la entidad ni la titular de la CNDH.
“Las personas que perpetraron estos terribles hechos delictivos no están sentenciados en su totalidad, muchos de ellos tienen amparo. De los funcionarios que se encontraban en aquel entonces ni uno solo tuvo ni siquiera una sanción administrativa”, acusó.
La portavoz del “Colectivo Casino Royale 52+2” pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que ayuden a que se mantenga el memorial que las familias colocaron a las afueras de este Casino Royale, debido a que el dueño del lugar lo ha retirado en cinco ocasiones.
