Rúbrica
Crímenes de Estado “a la carta”
Por Aurelio Contreras Moreno
Además de resultar un distractor perfecto frente a otras grandes falencias del
régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, la resurrección del tema de los
43 desaparecidos de Ayotzinapa le devuelve al lopezobradorismo su “causa
madre”, la narrativa con la cual socavó hasta la raíz al gobierno de Enrique Peña
Nieto.
Pero sin necesidad de ponerse muy quisquilloso, es evidente que las conclusiones
a las que arribó la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en
el caso Ayotzinapa son muy similares a las que se plantearon desde un principio:
que los 43 normalistas fueron asesinados casi inmediatamente por un grupo
delictivo y que hubo agentes de diferentes niveles de gobierno involucrados en el
crimen.
Y aquí es donde empiezan los verdaderos dilemas de quienes desde la oposición
gritaban lo que hoy no se atreven ni a mencionar: el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador clama que se trató de un “crimen de Estado”, lo que implicaría una
acción coordinada de diferentes autoridades del más alto nivel en el país que
habría llevado a decidir la muerte y desaparición de los normalistas. Incluidos los
mandos de las fuerzas castrenses a nivel nacional y en el estado de Guerrero en
ese entonces, así como el propio Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas,
que no es otro que el Presidente de la República.
De entrada, en el informe de la Comisión Presidencial no se les menciona y el
propio López Obrador ha descartado que, al menos por ahora, existan elementos
para responsabilizar al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex titular de la
Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, a quien esta
administración incluso fue a “rescatar” de la prisión estadounidense donde fue
ingresado acusado de tener vínculos con el narcotráfico, mismos que el gobierno
mexicano, una vez que logró su repatriación, jamás investigó.
El informe de la Comisión centra sus señalamientos en la extinta Procuraduría
General de la República y en distintos funcionarios -uno de ellos, Omar García
Harfuch, pieza clave de la “presidenciable” Claudia Sheinbaum, lo que le añade
“jiribilla” al informe- que habrían montado la versión conocida como la “verdad
histórica”, por propias palabras del hoy imputado y detenido Jesús Murillo Karam.
Por cierto,
Pero con esos elementos no puede sostenerse tampoco que haya sido un “crimen
de Estado”. No si la procuración e impartición de justicia no llegan a quienes
tenían a su cargo las más altas responsabilidades en México al momento del
homicidio de los normalistas. Asesinato que el lopezobradorismo fuera del
gobierno se negó a aceptar, exigiendo su presentación con vida y que hoy, tras
cuatro años en el poder, no le ha quedado más remedio que aceptar, cuando
siempre fue evidente que era imposible que siguieran vivos.
Lo que salta a la vista es el uso político que siempre se le ha dado y se le sigue
dando al caso Ayotzinapa. La narrativa del “crimen de Estado” le dio grandes
dividendos electorales al movimiento lopezobradorista y por eso buscan
mantenerla a como dé lugar, en la víspera de las elecciones en el Estado de
México y de la propia sucesión presidencial.
Pero no puede haber un “crimen del Estado” sin que la cabeza del mismo esté
involucrada y se le llame a cuentas. Y no parece que haya intención de ir contra
Peña Nieto. Muchos menos, contra los altos mandos militares, a los que López
Obrador trata con algodones y consiente como nunca en la historia de México.
El gobierno de la “4t” estaría “catafixiando” las “verdades históricas” por “crímenes
de Estado a la carta”, a conveniencia y hasta a la medida.
Por demagogia, para no caer en eufemismos.
El número 15
Con el de Fredid Román en Chilpancingo, Guerrero, se registran 15 asesinatos de
periodistas en México tan solo en lo que va de 2022, lo que perfila a este año para
convertirse en el más letal de la historia del país para el gremio reporteril.
Otro rasgo que definirá los tiempos de la “4t”.
Email: aureliocontreras@gmail.com
