Rúbrica
Impunidad casi absoluta
Por Aurelio Contreras Moreno
Todavía con la resaca del fiasco de la consulta de revocación de mandato, el
presidente Andrés Manuel López Obrador se sacó de la manga un enésimo
informe de actividades, el primero de 2022, en su afán cotidiano de cubrir con
propaganda la ausencia de resultados reales.
Con todo y eso, no le quedó de otra más que reconocer tendencias a la alza en
delitos graves, como el de feminicidio, que creció 15 por ciento; extorsión, 40 por
ciento, y robo en transporte público individual en un 22 por ciento.
El presidente afirmó que “todo este esfuerzo para conseguir la paz” es “sin
violaciones a derechos humanos. Sin involucramiento en masacres, sin
desapariciones forzadas, como ocurría antes”.
Parece que nadie le avisó que horas antes, el Comité contra las Desapariciones
Forzadas de la ONU publicó un demoledor informe sobre esa situación en
particular, producto de la visita que realizó a México en noviembre del año pasado,
cuando recorrió 13 estados –Veracruz incluido-, sostuvo reuniones con más de 85
instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con
organismos autónomos, cientos de víctimas y decenas de organizaciones de la
sociedad civil.
Lo reportado por el Comité de la ONU refleja lo que en realidad está pasando en el
país. Al 26 de noviembre de 2021 –cuando concluyó la visita- había 95 mil 121
personas registradas como desaparecidas. Pero de éstas, se agregaron 112
desapariciones durante el tiempo que estuvo la misión de Naciones Unidas en
México.
Además, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo
ocho mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años. Tres de los cuales, por
supuesto, corresponden a la actual administración, cuyo titular se jacta de que eso
ya no sucede “como ocurría antes”.
No solo sigue sucediendo, sino que el Estado sigue siendo parte activa de las
desapariciones forzadas. La ONU enfatizó que “la delincuencia organizada se ha
convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos
grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos. Los
Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los
servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones
cometidas por organizaciones criminales”.
El informe refiere asimismo que “las desapariciones siguen afectando
principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales
muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de
los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el
contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus. Víctimas y autoridades
también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación
sexual”.
La ONU también mostró preocupación por la situación de los defensores de los
derechos humanos, algunos de los cuales “han sido desaparecidos por su
participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones”. Y cuestionó la
desaparición de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, “ninguno de los cuales
ha sido localizado”.
Y es en este punto donde puso el dedo en la llaga: “El Comité encontró que la
alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por
la impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje
muy pequeño de los casos de desaparición, entre el dos y el seis por ciento,
habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en
casos a nivel nacional”.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el
encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a
las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores
públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la
sociedad en su conjunto”, expuso el informe del Comité de la ONU, demoliendo la
versión oficial del país donde no pasa nada que se cuenta sexenio tras sexenio.
Mientras el presidente le entrega el país a militares y marinos, a quienes hizo un
reconocimiento durante su informe pues “sin su lealtad y sin su entrega al pueblo,
no tendríamos los mismos resultados en seguridad, desarrollo y bienestar”, la
ONU le pidió dar marcha atrás.
“La permanente participación de la fuerza armada establecida en la reforma
constitucional del 11 de mayo de 2021, a pesar de presentarse como
‘extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria’, permite
poner en duda su conformidad con los estándares constitucionales e
internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana”,
sentencia el reporte.
Que será ignorado, mientras el país se sigue desangrando.
Asueto
Para reflexionar, tomar energía y cumplir con compromisos personales, la Rúbrica
y su autor se tomarán un descanso, para retornar a su publicación el 25 de abril.
Felices Pascuas a sus lectores y lectoras.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
