Rúbrica
El odio a la legalidad
Por Aurelio Contreras Moreno
La noche del pasado lunes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) echó abajo el “Decreto de interpretación
auténtica del concepto de propaganda gubernamental”, mejor conocido como el
“decretazo”, al considerarlo inaplicable e inconstitucional.
Los magistrados electorales consideraron que dicho decreto –con el cual mayoría
lopezobradorista en el Congreso de la Unión decidió permitir a los funcionarios
públicos hacer propaganda para promover la consulta de revocación de mandato-
no realizaba una interpretación auténtica del concepto “propaganda
gubernamental”, sino que solamente se estableció una excepción a la prohibición
de difusión de la misma -prevista en la propia Constitución General de la
República- durante el proceso de revocación de mandato, lo cual, evidentemente,
resultaba violatorio de lo dispuesto en la Carta Magna.
Desde que dicha artimaña fue aprobada por el Poder Legislativo federal, era claro
que resultaba completamente ilegal, ya que además y como también lo determinó
el TEPJF, el decreto implicaba una modificación sustancial a las reglas de la
consulta de revocación de mandato, en este caso las de comunicación política,
cuando el proceso ya estaba en marcha, lo cual también está prohibido
expresamente a nivel constitucional. O sea, siempre fue monumentalmente
evidente su improcedencia, salvo para los ojos de los fanáticos del régimen y para
el cinismo de sus promotores.
Pues con todo y que el “decretazo” era a todas luces legalmente insostenible, la
decisión de la Corte fue el pretexto perfecto para que el presidente Andrés Manuel
López Obrador se le fuera encima a los órganos garantes del orden político-
electoral en México y anunciara que una vez que pase la consulta de revocación
–que muy probablemente no alcanzará el porcentaje de votación necesario para
que su resultado sea legalmente válido- presentará la iniciativa de reforma que ha
venido preparando desde que inició el sexenio: la que le permita tomar por asalto
al Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF.
La delirante iniciativa presidencial pretende –según los propios dichos de López
Obrador- que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por medio
del voto popular, lo cual resulta absurdo, ya que despojaría a estos órganos de la
necesaria profesionalización y especialización y politizaría de tal manera su
integración –quedando a merced de la facción que mayor fuerza tenga en cada
coyuntura-, que la organización de las elecciones se convertiría -como en los
“años dorados” de la “dictadura perfecta” priista- en una simulación democrática
controlada por el poder en turno.
Este intento de abordaje a las instituciones electorales, así como todo el entuerto
alrededor de la revocación de mandato de López Obrador, es una muestra entre
muchas de la aversión del régimen de la pretendida “cuarta transformación” hacia
el imperio de la ley cuando ésta no le favorece. Del verdadero odio que hay contra
todo aquello que les signifique un contrapeso, una limitante, un obstáculo para
hacer lo que les venga en gana. Una prueba irrefutable de los efectos que puede
ejercer la alta concentración de poder en manos de adolescentes emocionales. Y
es un patrón de conducta, por lo visto.
Asumido en imitador fiel de las bravuconadas presidenciales, el gobernador de
Veracruz Cuitláhuac García Jiménez cada vez es más aventurado y agresivo en
sus señalamientos contra otras autoridades –jueces, senadores, titulares de
organismos autónomos- cuando lo exhiben en sus abusos de autoridad y en la
manera como su camarilla trafica con el poder y tuerce las instituciones,
quebrantando la legalidad con la misma procacidad que “ya saben quién”.
Solo así puede entenderse que aquel maestro de la UV y de un bachillerato
técnico se haya convertido en un pequeño déspota que ordena a la (dizque)
autónoma Fiscal General del Estado ignorar una recomendación de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos al tiempo que acusa al organismo de
“coludirse” con los jueces para “perjudicar” a su gobierno.
Decía el ex secretario de la Defensa Nacional Marcelino García Barragán –citado
y parafraseado por políticos desde Miguel Alemán Velasco hasta Gerardo
Fernández Noroña- que “el poder marea a los inteligentes y a los pendejos los
vuelve locos”.
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