La descomposición al interior del Poder Judicial del Estado de Veracruz ha
alcanzado niveles que van más allá del pasmo.
Exhibidos los malos manejos que se cometen descaradamente en la actual
administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado –operados por la
directora de Administración Joana Marlén Bautista, solapados por la presidenta
Isabel Inés Romero Cruz y coordinados por el subsecretario de Administración y
Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Administración Eleazar Guerrero Pérez,
primo hermano del gobernador Cuitláhuac García Jiménez-, al interior de ese
poder constitucional se desató una guerra sin cuartel en la que, de una ironía
trágica, no les ha importado violar repetidamente la legalidad a quienes tienen la
responsabilidad y la obligación de hacerla valer.
“Sin pelos en la lengua”, como ha sido siempre su manera de ser, la magistrada
Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros confirmó en fecha recientes lo que, de
cualquier forma, era más que un secreto a voces: el brutal desfalco de los
recursos del Tribunal Superior de Justicia que lo llevó a quedarse sin presupuesto
a la mitad del actual ejercicio fiscal y a simular una búsqueda de solución con la
disminución, “voluntariamente” a hu… fuerzas, de los salarios de magistrados y
personal de confianza.
Un escándalo del que ya hemos dado cuenta con anterioridad en este mismo
espacio y que pasa por la disposición ilegal que habría hecho la directora general
de Administración de los recursos del Fondo Auxiliar para el Mejoramiento de la
Impartición de Justicia por un monto de 265 millones de pesos, dinero que habría
ido a parar al Ejecutivo estatal.
Castañeda Palmeros confirmó esos malos manejos y habló de que habrían
desaparecido, además de esos recursos, los del Fondo para el Retiro, lo cual
coloca al Poder Judicial en una situación de insostenible insolvencia financiera
que, a su vez, pone contra las cuerdas la correcta impartición de justicia en la
entidad, lo cual es un derecho –para utilizar términos de la abogacía- de todos los
justiciables. Es decir, de todos los ciudadanos.
Las “vendettas” de los que juran que son “diferentes” y que “ya se acabó la
corrupción” no tardaron en llegar. El lunes, la magistrada Castañeda Palmeros
recibió un oficio, firmado por Isabel Inés Romero Cruz, en el que se le indicó que a
partir de este martes se le aplicaba el “retiro forzoso” por cumplir, exactamente
este mismo día, 70 años de edad, quedando imposibilitada legalmente “para
continuar ejerciendo su nombramiento como magistrada”.
Y en un derroche de autoritarismo, Isabel Inés Romero Cruz le advirtió que “de
inmediato deberá hacer entrega de la oficina y demás mobiliario que tenía a su
cargo a personal de la Contraloría General del Poder Judicial del Estado, en
atención a que al actualizarse la hipótesis legal del retiro forzoso, por Ministerio de
ley, cesan sus funciones, razón por la que no puede continuar como magistrada
en activo”.
Más tardó en llegar el oficio a manos de la magistrada que el personal del TSJEV
en vaciar su oficina y, literalmente, poner sus cosas en la calle. Así se las gasta el
Poder Judicial de Veracruz en tiempos de la “4t”.
La decisión de Isabel Inés Romero Cruz no tiene fundamento legal, porque el
retiro forzoso de los magistrados del TSJEV a los 70 años se basa en una reforma
a la Constitución del Estado aprobada muchos años después del nombramiento
de Castañeda Palmeros. Y cualquier estudiante de primer semestre de derecho
sabe que ninguna ley se puede aplicar de manera retroactiva, como es éste el
caso. Entre varios más.
Y es que no es la primera vez que lo hacen. Otros dos magistrados, Marco
Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes, también fueron indebidamente
“jubilados” bajo ese criterio y a ambos les fueron concedidos sendos amparos para
ser rehabilitados en sus cargos. Amparos que la LXV Legislatura del Estado de
Veracruz ha ignorado olímpicamente, lo que ya les valió a sus integrantes una
denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de desacato a una
orden judicial.
El hedor de la podredumbre en el Poder Judicial -en cuyo cochinero se revuelcan
con “singular alegría” los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado- es ya
insoportable. Pero está claro que, literalmente, a los “cuatreros” les vale madre la
ley.
Los amigos de Bermúdez
Y hablando de cochinadas y de torcer la legalidad a placer, la madrugada de este
martes al diputado plurinominal electo del PRD y ex secretario de Gobierno
Rogelio Franco Castán le fue dictado auto de vinculación a proceso por las
denuncias que presentó hace tres años el ex secretario de Seguridad Pública
duartista Arturo Bermúdez y que, muy “oportunamente”, la Fiscalía General del
Estado “se encontró” en algún cajón.
De acuerdo con la defensa de Franco, el juez Gregorio Esteban Noriega Velasco
se basó exclusivamente en lo dicho por la Fiscalía sin dar oportunidad de solicitar
la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, llegando al punto de
señalar, de manera tajante, que para él “la prisión debía seguir vigente”.
El objetivo es muy claro, además de impedir que Rogelio Franco tome posesión
como diputado federal: beneficiar a Arturo Bermúdez, uno de los personajes más
siniestros que ha pasado por la política en Veracruz.
Digno “aliado” de la malhadada “4t”.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
