Un ya lejano 25 de enero de 2019, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García
Jiménez lanzó lo que parecía entonces un verdadero compromiso para combatir y
atender la violencia contra las mujeres, que en los periodos gubernamentales
anteriores había alcanzado ya niveles intolerables de virulencia y de simulación
oficial en su erradicación.
En ese momento, el programa “Cero Tolerancia a la Violencia contra las
Mujeres”, junto con la “Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de
Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de
Personas en Veracruz” lanzada en los primeros minutos del nuevo sexenio,
parecían representar un viraje total en la política gubernamental estatal en materia
de derechos humanos, así como un compromiso con estos grupos vulnerables.
Dos años y medio después, todo aquello quedó en el olvido. Los derechos
humanos le importan menos que un cacahuate al gobierno que encabeza
formalmente Cuitláhuac García, y particularmente los derechos, la seguridad y la
vida de las mujeres.
La Fiscalía General del Estado es cualquier cosa, menos una entidad que atienda
profesionalmente los casos de violencia contra las mujeres, que cuando acuden a
una instancia ministerial para denunciar a un abusador/violentador, con lo que se
encuentran es con su criminalización y revictimización en automático por parte de
las propias autoridades, lo que termina llevándolas a abandonar los casos y a que
sus victimarios permanezcan impunes y al acecho. Al cabo que ya saben que no
les va a pasar nada.
Aunado a ello, entre los feminicidios –de los que ya no se tiene certeza sobre sus
cifras reales, pues apenas tomó posesión como fiscal (espuria) Verónica
Hernández Giadáns se modificó el criterio para contabilizarlos artificialmente a la
baja- y la violencia doméstica, que han aumentado exponencialmente en los
últimos tres años, este periodo ha sido verdaderamente de terror para las mujeres
veracruzanas.
Una muestra de cómo se las gasta la Fiscalía es el caso de una mujer que el
pasado 22 de mayo sufrió un aborto espontáneo en un centro comercial del
municipio de Oluta, en el sur de Veracruz, producto de la violencia física que sufría
por parte de su cónyuge, quien dos días antes la había golpeado ante la decisión
de la joven de separarse de él, precisamente por eso mismo.
La joven de nombre Diana Patricia sufrió un aborto en el baño de la tienda
departamental en la que se encontraba y, en estado de shock y en medio de una
hemorragia, se fue del lugar y abandonó al feto, producto de un embarazo de
aproximadamente seis meses.
Diana Patricia fue localizada y detenida por las autoridades ministeriales, que la
internaron en un penal del municipio de Acayucan, donde permanecerá por lo
menos hasta el mes de diciembre, imputada por homicidio doloso, ya que la
Fiscalía la acusa de haber dado muerte a su hijo, porque según el organismo lo
parió vivo.
Pero fueron más allá. La Fiscalía se encargó de boletinar esta versión aun cuando
la investigación no ha concluido, con lo cual se violentó el debido proceso y la
presunción de inocencia de Diana Patricia, quien fue exhibida –y tratada- como
asesina de su cuarto hijo, cuyo embarazo –como consta en los testimonios
recogidos en Oluta por la periodista Sayda Chiñas- había sido deseado y del cual
llevaba un control médico estricto, pues era de alto riesgo.
Mientras en otras entidades que se podrían suponer más tradicionalistas y
verdaderamente conservadoras, como Oaxaca e Hidalgo, se ha ido adelante en la
despenalización de la interrupción del embarazo, en Veracruz no solo se le
bloquea desde el régimen de dizque izquierda, sino que el gobierno persigue a las
mujeres que abortan incluso sin que fuese su deseo o intención. En Veracruz se
les encarcela por abortar.
Porque el caso de Diana Patricia no es el único. De acuerdo con representantes
de sociedad civil en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, desde 2017 otras diez mujeres han sido
encarceladas y procesadas en Veracruz por cargos como homicidio doloso
agravado por parentesco: la misma estrategia legal aplicada en el caso de la joven
de Oluta.
Como todos aquellos compromisos iniciales del gobierno de Cuitláhuac García, el
de promover “cero tolerancia a la violencia contra las mujeres” es letra muerta.
Como su credibilidad.
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Twitter: @yeyocontreras
