Rúbrica; La democracia en peligro, Por Aurelio Contreras Moreno

A una semana de cumplirse exactamente tres años del inicio del gobierno de la
autoproclamada “cuarta transformación”, el peligro que se cierne sobre la
incipiente y frágil democracia en México es algo más que un fantasma. Es una
amenaza real, palpable y violenta.
Mientras el régimen engaña a la población promoviendo una “ratificación” del
presidente Andrés Manuel López Obrador –inexistente a nivel constitucional y que
de cualquier manera no es necesario consultar, pues nadie pide que se vaya-, el
verdadero objetivo, el de una posible extensión del mandato si la “elegida” como
sucesora no crece, se va antojando cada vez menos improbable.
Pero mientras son peras o manzanas en torno a la pretendida revocación de
mandato –falta que logren recabar los dos millones y medio de firmas que exige la
ley para llevar a cabo la consulta, y que no sean falsas como las más de 50 mil
que ya les detectaron-, las ansias autocráticas y las desbocadas ambiciones del
lopezobradorismo por concentrar todo el poder posible han llegado a un punto en
el que las instituciones, construidas con el esfuerzo y la sangre de millones de
mexicanos en los últimos 45 años, se enfrentarán a una prueba crucial y de la cual
dependerá, sin temor a exagerar, la viabilidad democrática del país.
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el
Diario Oficial de la Federación en el que se declaran “de interés público y
seguridad nacional” todas las obras de infraestructura que ejecute el gobierno
federal. ¿Qué implicaciones tiene esto?
Toda la información relacionada con asuntos de seguridad nacional es susceptible
de ser declarada como “reservada”. Esto significa que el gobierno tiene la facultad
de ocultarla del escrutinio público durante un periodo de tiempo que define
también con discrecionalidad, al tratarse de asuntos que pueden poner en “peligro”
algún área estratégica para la nación.
Solo que aquí lo que se pretende ocultar es el manejo de los recursos que se
están destinando a las obras insignia de la llamada “4t”, que de por sí ya son un
lago de opacidad, asignaciones directas y, a pesar de lo que digan, de una
inmensa y cínica corrupción.
Con este decreto, el gobierno de López Obrador pretende evitar entregar cualquier
tipo de información o dato relacionado no solo con sus obras faraónicas (Dos
Bocas, Santa Lucía y Tren Maya), sino de cualquier obra que realice su gobierno
asociada a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones,
aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías
férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos.
O sea, todas. Absolutamente todas.
“Coincidentemente”, este “decretazo” se emite tres días después de que el medio
Latinus, que dirige Carlos Loret de Mola –cuya salida de Televisa sea quizás el
mayor error de cálculo del lopezobradorismo- publicó un reportaje acerca de los
más de 900 contratos por sumas millonarias que el Ejército entregó por asignación

directa a empresas fantasma. Un acto de brutal corrupción equiparable a los de
Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, que utilizaba esa misma ruta para robarse el
dinero público. Y cuya información, al igual que la de las “tranzas” del ex
gobernador preso en el Reclusorio Norte, fue obtenida por la periodista Isabella
González von Hauske a través de solicitudes de transparencia. Mecanismo que se
pretende anular con el decreto.
Y lo que vuelve aún más peligrosa esta delicada coyuntura es, precisamente, la
participación de las Fuerzas Armadas como actores de poder de primer orden,
implicadas directamente en la construcción de las obras sobre las que quieren
ocultar sus manejos y que, contrario a su vocación y a lo que les permite la ley,
entraron a la arena de la política en defensa de la “4t”.
Eso quedó evidenciado el pasado sábado en el discurso pronunciado por el
secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, durante la
conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, en el cual dijo que “es un
orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo. Las bases están
sentadas y se avanza con paso firme en el proyecto de nación que el presidente
ha impulsado”. Solo le faltó decir “es un honor estar con Obrador”.
Ciertamente los militares sí lo deben pensar. Ningún presidente desde la etapa
revolucionaria les había dado tanto poder al Ejército y a la Marina. Ni tanto dinero.
Pero ese empoderamiento desbordado de las fuerzas castrenses implica jugar a la
“ruleta rusa”. “Cuando los militares se meten en política partidista la democracia
peligra”, aseveró el director de la División de las Américas de Human Rights
Watch (HRW), José Miguel Vivanco, en crítica directa a la militarización del país
alentada por López Obrador.
La inconstitucionalidad del decreto ya fue señalada por juristas como el ex ministro
José Ramón Cossío. Ahora falta que alguien presente el recurso correspondiente
ante la Corte, también bajo asedio luego de que desechó la maniobra con la que
se pretendía extender el mandato de su presidente Arturo Zaldívar. Ardid que
compartía destino con el de la revocación de mandato.
Las instituciones, la democracia, las libertades y el destino de México están en
riesgo extremo. Si se le deja pasar, no alcanzará la vida para arrepentirse.
Banana republics
Y como si algo faltase, en los estados de la República los gobernadores y altos
funcionarios pretenden conculcar la libertad de expresión de ciudadanos y
periodistas. Como en Puebla, donde el aspirante a “monarca bananero” Miguel
Barbosa persigue con auditorías a medios críticos; o en Veracruz, donde
Cuitláhuac García saca al “dictadorzuelo” que lleva dentro aplicando el
inconstitucional delito de “ultrajes a la autoridad” a adversarios políticos y
ciudadanos de a pie.
Los “progresistas” de “izquierda”.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

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