Rúbrica; Más de tres meses en la cárcel y un “usted disculpe”, Por Aurelio Contreras Moreno


La mañana de este 15 de septiembre fue liberada Diana Patricia, que fue
encarcelada a fines de mayo pasado en una prisión del sur de Veracruz por la
Fiscalía General del Estado, que la acusó de homicidio doloso en razón de
parentesco luego de sufrir un aborto espontáneo en el baño de una tienda
departamental.
Desde el principio, el caso estuvo plagado de inconsistencias, irregularidades y
sobre todo, de prejuicios. Diana Patricia, una mujer de escasos recursos que
sufría violencia intrafamiliar y a quien su ex pareja, además de maltratarla
físicamente le arrebató al más pequeño de sus tres hijos, fue tratada como
culpable de un delito que a todas luces no había cometido, estigmatizada y
criminalizada por la propia autoridad, en uno de los casos más grotescos de
injusticia, abuso de autoridad y violación de derechos humanos que ha
protagonizado la Fiscalía General del Estado de Veracruz a cargo de Verónica
Hernández Giadáns.
Hay que recordar que cuando el caso comenzó a adquirir notoriedad mediática y
con la investigación todavía en curso, la propia Fiscalía boletinó la versión de que
Diana Patricia había “asesinado” a su hijo –que varios testimonios señalan era
deseado- tras el aborto espontáneo, violentando además el debido proceso y su
presunción de inocencia, y a pesar de lo cual todavía estuvo en prisión dos meses
y medio más.
Hasta el Instituto Veracruzano de las Mujeres, a través de su Consejo Social, se
unió al linchamiento de Diana Patricia bajo consideraciones pseudomorales y
cuasirreligiosas impropias de cualquier organismo público, alentando juicios a
priori sobre los hechos con afirmaciones tales como que “no es posible tolerar el
abandono y el homicidio de seres humanos. Nos estamos convirtiendo en una
sociedad deshumanizada”, pasando por alto de manera cínica que dos días antes
del aborto espontáneo ella había recibido una golpiza de su ex cónyuge. 
La evidencia de la injusticia cometida contra Diana Patricia metió en un brete al
gobierno de Veracruz, exhibida la incongruencia entre su discurso sobre “cero
tolerancia” hacia la violencia contra las mujeres y las acciones que las mismas
instituciones gubernamentales llevaban –y llevan- a cabo, criminalizándolas y
persiguiéndolas.
En el inter de la liberación de Diana Patricia, en el Congreso del Estado de
Veracruz se despenalizó la interrupción del embarazo durante las primeras 12
semanas de gestación e incluso se incorporó la salud como causal; mientras que
hace pocos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es
inconstitucional la penalización del aborto. Pero Diana Patricia no salió de prisión
gracias a ninguno de estos dos hechos jurídicos.
El juez que ordenó liberar a Diana Patricia la consideró inimputable, esto es,
eximida de ser sometida a un proceso penal, por una razón fundamental: padece
una discapacidad mental. Ello fue confirmado por la propia fiscal Hernández

Giadáns al dar a conocer el sobreseimiento del caso: “a Diana Patricia se le
demostró su inimputabilidad, por eso el juicio fue sobreseído y quedó en libertad”,
admitió.
Solo que esa condición de Diana Patricia todo el tiempo fue del conocimiento de la
Fiscalía General del Estado, que a pesar de saberlo la mantuvo encerrada y
ahora, pretende cerrar el caso con el simple y consabido “usted disculpe”.
¿Quién le va a devolver a Diana Patricia, revictimizada y recriminalizada “n”
cantidad de veces, esos cuatro meses de su vida perdidos? ¿Qué autoridad va a
asumir la responsabilidad de la reparación del daño? ¿Quién va a pagar las
consecuencias de la violación sistemática de sus derechos humanos? ¿Quién la
va a proteger de las condenas y prejuicios en un municipio marginado y atrasado?
La violación de los derechos de las mujeres sigue siendo la constante, y no la
excepción, en Veracruz.
Enlodando la investidura
De escándalo, que en el acto más importante del calendario cívico de la nación
mexicana se le haya abierto espacio y micrófono a un dictador violento, represor
de su pueblo y de las mínimas garantías de libre expresión en su país.
Convertir la celebración patria de todos los mexicanos en un acto de vulgar
propaganda le costará caro al régimen. Y la historia no los absolverá. Ni a Díaz-
Canel ni a López Obrador.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

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