Rúbrica; El derecho a la salud, en vilo, Por Aurelio Contreras Moreno


Este martes y tras más de dos semanas de que comenzaron a resolverse los
amparos en su favor, una docena de menores de edad recibió sus primeras dosis
de la vacuna Pfizer contra la covid-19.
Entre éstos se encontraba la joven xalapeña Zulma González, quien adquirió
notoriedad mediática gracias a un video que subió a sus redes sociales y se
viralizó, en el cual reclamaba al presidente de México, precisamente, que el
gobierno de Veracruz se había negado a aplicarle la vacuna a pesar no solo de
tener un amparo, sino de padecer diabetes tipo 1, lo que la hace ser población en
situación de alto riesgo ante un contagio.
La presencia de Zulma visibilizó la situación de los otros menores de edad a los
que finalmente se les respetó su derecho gracias a la misma situación: la de
contar con un amparo y, por ende, con la protección de la justicia federal para
hacerlo valer. Pero que no es la misma circunstancia para todo ese sector de la
población, al que se está obligando a regresar a tomar clases presenciales sin
ninguna clase de protección para su salud.
Desde que comenzó a difundirse que los juzgados federales otorgaron amparos a
menores para recibir la vacuna anticovid, el régimen emprendió una andanada
para –como es su costumbre- desacreditar a los jueces, a los padres de familia y,
en uno más de los excesos de miseria humana propios de la “4t”, hasta a los niños
promoventes de los recursos legales.
Desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, pasando por el subsecretario
Hugo López Gatell y el gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez,
acusaron “intereses oscuros” y “mercantilistas” de las farmacéuticas detrás del
otorgamiento de los amparos y hasta en el hecho mismo de recurrir a esta figura,
cuyo objetivo es proteger a las personas de los actos u omisiones de la autoridad
que vulneren sus derechos humanos y sus garantías.
¿Qué mayor omisión gubernamental que vulnere derechos humanos en esta
época que negar el derecho a la vacunación contra un padecimiento que
solamente en México ha provocado, en cifras oficiales, prácticamente 270 mil
muertes, pero que en números reales ronda las 700 mil, de las cuales al menos
unas mil fueron de menores de edad y niños?
En la emisión de la semana pasada de La Clave –programa por Facebook Live
que conducimos la periodista Mónica Camarena y un servidor desde hace casi
tres años-, uno de los abogados de los menores amparados, Armando Pacheco
del Valle, puntualizó acerca de la verdadera intención y fundamento de los
amparos concedidos a los menores, mismos que distan un océano de las
conspiraciones paranoides argüidas por autoridades insensibles que, como López
Gatell, se atrevieron a decir que vacunar a un joven o un niño le “quitaría” una
vacuna a alguien que estuviera en “mayor riesgo”.
El jurista subrayó que los argumentos torales de los amparos no son otros que el
derecho a la salud y la no discriminación en razón de la edad. Nada que ver con

negocios por “debajo del agua”, pretexto favorito de gobiernos como el federal y el
de Veracruz para no invertir los recursos de todos los ciudadanos en lo que deben,
y en su lugar seguir derrochándolos como habitualmente hacen.
Armando Pacheco hizo hincapié en lo que finalmente obligó a las autoridades a
aceptar la vacunación de los menores amparados: porque tienen la obligación
legal de aplicar la vacuna en los casos que el Poder Judicial lo determine.
“No pueden decir que no, es un mandato federal”, expuso el abogado, al tiempo
de advertir que el desacato a una orden del Poder Judicial trae consigo sanciones
que van desde multas, la destitución del cargo en el que se encuentren las
autoridades en desobediencia y en casos extremos, la privación de la libertad.
Pero precisamente por ello, quienes accedieron ya a la vacunación son solo
aquellos menores que obtuvieron la protección de la justicia federal. Quienes no
han acudido al amparo entre otras cosas por falta de recursos suficientes o porque
no padecen comorbilidades como la joven Zulma, siguen desprotegidos y sin que
el gobierno planee vacunarlos pronto. Ello a pesar de existir autorización expresa
de Cofepris para aplicar el biológico en el rango de edad de 12 a 17 años y de que
se mantienen en resguardo unas 14 millones de dosis.
Su derecho a la salud sigue a la deriva.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

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