Rúbrica; Linchamiento y demagogia, por encima de la justicia,Por Aurelio Contreras Moreno

Rúbrica
Linchamiento y demagogia, por encima de la justicia
Por Aurelio Contreras Moreno
La consulta que no es para “enjuiciar a los ex presidentes de México” -como
intentan hacer creer los propagandistas del régimen de la mal llamada “cuarta
transformación”- es una farsa que no solo no lleva a ningún lado, sino que alienta
el linchamiento público y, peor aún, lo coloca por encima de la aplicación e
impartición de la justicia.
El gobierno lopezobradorista y Morena, el nuevo partido oficial, engañan a la
población al promover que en la consulta se preguntará si se está o no de acuerdo
con llevar a juicio a los ex presidentes mexicanos desde Carlos Salinas de Gortari
a Enrique Peña Nieto. Lo saben perfectamente y aun así obligaron a las
instituciones del Estado Mexicano a organizar una pantomima grotesca.
La pregunta que aparecerá en la boleta de la consulta del 1 de agosto es: “¿Estás
de acuerdo o no, en que lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al
marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las
decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos,
encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Es
importante recalcarlo para evidenciar las falacias difundidas -a un enorme costo
para el erario y para la justicia- por el morenato gobernante.
La pregunta quedó así redactada porque la Corte determinó -con razón- que el
cuestionamiento original era inconstitucional, por la razón que se ha planteado
hasta el cansancio, pero que la demagogia populista del régimen decidió ignorar:
no se puede someter la aplicación de las leyes, y menos de las penales, a que
alguien que no sea una autoridad competente opine en sentido afirmativo o
negativo. Las leyes no se ponen a consideración de lo que una turba manipulada
decida que debe hacerse. Si hay elementos para proceder, se acciona en ese
sentido. El mandato de hacer valer la ley ya lo tienen.
Quedando claro que no se pregunta a la ciudadanía sobre si se lleva a juicio a los
ex presidentes -de cuya propaganda fue excluido el “tótem” político de las
prácticas e ideas del lopezobradorismo, Luis Echeverría Álvarez, él sí responsable
de las masacres de Tlatelolco en 1968 y del “Halconazo” en 1971-, lo que queda
es un ejercicio al que quienes decidan acudir lo harán a ciegas, porque sus
efectos no son claros. Si es que pudiese hablarse de que tenga efectos.
Como ya se ha señalado en este mismo espacio, la Ley Federal de Consulta
Popular establece que debe registrarse una participación de 40 por ciento del
padrón electoral para que sus efectos sean legalmente vinculatorios. La elección
del pasado 6 de julio -en la que se eligieron diputados federales y locales,
ayuntamientos y gobernadores- apenas y superó la mitad del padrón. No es
factible que una consulta sin pies ni cabeza logre generar un interés que muchas
elecciones reales de autoridades y representantes populares, no logran.
Pero concediendo que el régimen llevara a cabo un acarreo gigantesco que le
permitiera cubrir el porcentaje mínimo, lo que se pregunta es tan ambiguo que han
tenido que inventarle alcances ficticios a la consulta, como el que se sacó de la

manga el presidente de la Corte Arturo Zaldívar, en el sentido de que servirá para
crear “comisiones de la verdad” sobre hechos del pasado. Lo cual el gobierno
también podría hacer sin necesidad de preguntarle nada a nadie.
La consulta solo sirve en realidad para mantener en la agenda pública el clima de
tensión y polarización política a través de la imposición de la narrativa de los
“villanos” y “enemigos del pueblo”. Alguien sobre quién descargar la ira social a
partir de delitos que en la mayoría de los casos o ya prescribieron, o no son
responsabilidad directa de los personajes inculpados y sentenciados a priori, o son
imposibles de probar.
Porque si verdaderamente quisieran hacer justicia y castigar delitos como el
fraude electoral de 1988 –“delito” que se le achaca a Salinas en la propaganda
oficial, a la que se prestan muchos que alguna vez fueron respetados críticos y
hoy son vulgares matraqueros del poder-, pues podrían empezar por llevar ante un
juez a quien lo ejecutó: Manuel Bartlett Díaz, ¿no?
Y lo más grave no es el despilfarro de 500 millones de pesos o más; ni siquiera
que se le mienta a la ciudadanía de manera vulgar y cínica. Lo peor es que se
vulnera la obligación de las autoridades de impartir realmente justicia, propiciando
impunidad.
Aunque eso es exactamente lo que ha hecho la “4t” desde que asumió el poder.
Pausa
Para atender pendientes personales de su autor, la Rúbrica se volverá a publicar
el próximo lunes 26 de julio. A sus lectores y editores, gracias por su comprensión.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

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