Rúbrica; La burbuja de la demagogia, Por Aurelio Contreras Moreno

Si no fuera un signo crudo de una de las muchas emergencias que se viven en
México, el episodio movería a la risa desternillante. Aunque sí es una prueba del
nivel de desconexión de la realidad en el que vive quien tiene en sus manos las
riendas del país.
En su edición de este lunes, el periódico Reforma publicó como su nota principal
un informe de un organismo no gubernamental, Frontline Defenders, en el que se
da cuenta de que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador han
sido asesinados 56 activistas en México.
Por esa razón, la ONG clasificó al país como unos de los más letales para la
defensa de los derechos humanos, de acuerdo con lo expresado por Sandra
Patargo, representante en México de Frontline Defenders.
El tema obligadamente se presentó en el transcurso de la conferencia matutina de
este mismo lunes del presidente López Obrador, quien para no variar arremetió en
denuestos contra el rotativo, al que acusó de que muchas de sus notas son
“inventadas” y lo tachó de ser un “boletín del conservadurismo”.
Acto seguido, el mandatario pidió al subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que
este mismo día presentara un informe sobre la situación y así dar “respuesta” a los
cuestionamientos.
Por la tarde de este mismo lunes, el Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación
entregó el informe que solicitó el Presidente de la República. Y vaya datos que
arrojó.
Desde diciembre de 2018, cuando entró en funciones la administración de Andrés
Manuel López Obrador, a la fecha, han sido asesinados en México no 56, sino 68
personas defensoras de derechos humanos. Frontline Defenders se quedó corto
en sus cifras de agresiones.
Pero los números rojos fueron más allá. En el mismo periodo, fueron asesinados
43 periodistas en México, lo que es una prueba irrefutable de que las condiciones
para ejercer el periodismo en el país no mejoraron un ápice con el nuevo régimen.
Por el contrario, el asedio verbal que cotidianamente se manifiesta desde la misma
investidura presidencial es un permiso tácito –y muchas veces totalmente explícito
también- para agredir reporteros, analistas, columnistas y a cualquiera que se
atreva a ejercer su libertad de criterio y a expresarla con libertad en los medios de
comunicación y las redes sociales.
No es gratuito que hasta periodistas simpatizantes de la mal llamada “cuarta
transformación” como Carmen Aristegui, hayan criticado ejercicios perniciosos
como el tribunal mediático llamado “quién es quién de las mentiras de la semana”,
en el que López Obrador se dedica no a replicar o refutar noticias falsas, sino a
“ponerle el dedo” a medios, comunicadores, intelectuales e incluso a tuiteros que

lo critican, arrogándose además la “facultad” de decidir lo que es falso y lo que es
verdadero. Algo propio de regímenes autocráticos y antidemocráticos.
El informe aporta un dato adicional, aunque no menos significativo: del total de las
111 personas asesinadas reportadas por este órgano, nueve eran beneficiarias de
las medidas de “protección” del propio Mecanismo: siete reporteros y dos
defensores de derechos humanos.
Pero desde la burbuja de la adulación y la demagogia lo único que se ve son las
incontables lenguas lamiendo desaforadamente las presidenciales suelas.
¡Ponchado!
La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana hizo lo que le correspondía,
mantuvo en la contienda por la rectoría a quienes por lo menos sí forman parte de
la comunidad académica y se deshizo del advenedizo, quien en su berrinche
todavía “exige” explicaciones. Que lea la legislación universitaria.
Aquí la duda es, ¿qué harán quienes empeñaron su prestigio profesional y
académico para apoyar un proyecto político impresentable y quedaron más
“quemados” que el mar del Golfo de México en tiempos de la “4t”?
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

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