Rúbrica; Vigilar, acosar y reprimir, Por Aurelio Contreras Moreno


La principal característica de todos los regímenes autoritarios es la obsesión por
mantener un control total sobre todos los asuntos del país que gobiernan.
Incluidos los de índole privada de sus ciudadanos.
De esa forma, esos regímenes -que por definición son antidemocráticos y por
ende represivos- están en capacidad de identificar cualquier asomo de disenso
para neutralizarlo, cuando no para aplastarlo en el más literal y violento de los
sentidos.
La información privada y los datos personales de los ciudadanos son sin duda uno
de los bienes más preciados del mundo en la actualidad. Pueden revelar aspectos
tan detallados y sensibles como la intimidad de sus propietarios y la de sus
familiares y amigos, sus afecciones, sus preferencias, sus costumbres, sus
debilidades. Prácticamente, la vida misma.
Por ello su manejo y resguardo es tan importante y se considera una prioridad en
cualquier país que se precie de ser medianamente democrático y defensor de
valores como la libertad como un derecho fundamental de los seres humanos, ya
que en manos irresponsables su mal manejo puede provocar daños
incuantificables en la vida de las personas, que atenten incluso contra sus
garantías básicas y su integridad.
De un tiempo a la fecha, diversas aplicaciones tecnológicas e incluso las
plataformas de redes sociales solicitan a sus usuarios información personal
conocida como “datos biométricos”, lo que incluye “características físicas,
fisiológicas o conductuales de una persona, que posibiliten o aseguren su
identificación única”, de acuerdo con la definición del Reglamento General de
Protección de Datos europeo.
Según las características individuales físicas y fisiológicas, se incluyen entre estos
datos la huella dactilar, el reconocimiento facial, de retina, de iris y vascular, así
como la geometría de la mano. De acuerdo con características
del comportamiento y la personalidad, se consideran como tales el reconocimiento
de firma, de escritura, de voz, de escritura de teclado y hasta de la forma de
andar.
Si bien la entrega de esta información a las empresas privadas que la solicitan
para prestar sus servicios representa una tremenda merma en términos de
privacidad personal, a final de cuentas se da por elección y decisión de quien opta
utilizarlas, con todo y lo cual varios casos se han documentado sobre un uso
abusivo de estos datos que ha llevado a entablar querellas judiciales
internacionales.
Hace poco más de un año, a principios de 2020, la Secretaría de Gobernación del
gobierno mexicano pidió al Instituto Nacional Electoral los datos biométricos de los
90 millones de ciudadanos que en promedio integran el padrón electoral del país.
El argumento fue la creación de una cédula de identidad única para la población.

El INE rechazó entregar la información en su poder, consistente en las huellas
dactilares, las fotos de filiación y el domicilio de los ciudadanos, pues constituiría
una vulneración de los datos personales entregarlos sin la autorización expresa de
sus propietarios. Luego de generar una controversia –la primera de muchas contra
el órgano electoral-, el gobierno desistió de su intentona. Más no de su objetivo.
Este martes, el Senado de la República –con el voto mayoritario de Morena y sus
“satélites”- aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión -que para muchos es claramente inconstitucional-, en la que se
obliga a los usuarios de la telefonía móvil a entregar datos biométricos como la
huella dactilar, el iris ocular, las facciones del rostro, el tono de voz y su firma.
¿El pretexto? La integración de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía
Móvil para el supuesto combate a los delitos de extorsión y secuestro. Una
verdadera falacia, pues los delincuentes no usan aparatos registrados a su
nombre para cometer actos delictivos, sino desechables -en el mejor de los casos-
o robados, con lo cual quienes terminarían siendo responsables e imputados
serían los usuarios a quienes les hubiesen sustraído sus dispositivos telefónicos.
Pero a lo que en realidad apunta el régimen lopezobradorista –y para lo cual contó
con el apoyo de varios legisladores del PRI, para no variar- es a la creación de
una especie de “big brother” de corte orwelliano para vigilar, acosar y reprimir.
Nada más hay que observar su deplorable comportamiento en pleno proceso
electoral para constatar para dónde van.
Si no es esto signo de una autocracia, cada día se le parece más.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

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