Rúbrica; Pena de políticos, Por Aurelio Contreras Moreno

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La brutal violencia registrada en los últimos días en varias ciudades del país
evidencia, con trágicos resultados, la más que notoria incapacidad de la clase
gobernante para cumplir con una de sus responsabilidades más sensibles, que es
la de brindar seguridad a la población.
La refriega del pasado sábado, que provocó terror en los municipios de Huatusco
y Córdoba, desnudó la precariedad con la que trabajan los cuerpos policíacos
municipales y estatales en Veracruz –y prácticamente en todos lados-, que están
en clara desventaja frente a los grupos de la delincuencia organizada, mismos que
los superan en número de elementos y capacidad de fuego. Eso quedó probado
plenamente: por lo menos cuatro policías –hay versiones que refieren seis- fueron
abatidos ese fatídico día.
También exhibió algo que todo mundo sabe pero que las autoridades niegan con
vehemencia: que en el momento que quieran, los criminales pueden tomar como
rehenes ciudades enteras y que, literalmente, se les han entregado franjas
territoriales completas, donde no hay más gobierno que el suyo.
Lo anterior quedó claro con el ridículo del gobierno federal en el “culiacanazo” del
año pasado, cuando ante la amenaza de los sicarios de provocar un río de sangre,
los militares tuvieron que soltar a uno de los hijos del “Chapo” Guzmán. Casos
como el de Córdoba o Cosamaloapan la semana pasada, en medio de
administraciones municipales y estatal absolutamente incompetentes, solo lo
reconfirman.
Pero si la violencia de los grupos delincuenciales contra el Estado provoca azoro y
angustia entre la ciudadanía, cuando ésta alcanza a víctimas inocentes y
particularmente a jóvenes, del horror se pasa a la rabia, como aconteció con el
brutal y artero asesinato de tres estudiantes de medicina –uno de ellos
veracruzano y los otros dos de origen colombiano- y un chofer de Uber en el
municipio de Huejotzingo, en el estado de Puebla.
La indignación social provocó una multitudinaria movilización estudiantil que fue
apoyada por la población de la capital poblana que, como en Veracruz y muchos
otros estados, está harta de la probada incapacidad de las autoridades de todos
los niveles, tanto las actuales como las que las han precedido, para cumplir con
sus mínimas responsabilidades y que al verse expuestas, recurren a excusas
pueriles o a propuestas radicales y estúpidas.
En esta última categoría se inscribe la iniciativa presentada por diputados
federales del Partido Verde y de Morena para revivir la pena de muerte en México,
una discusión decimonónica como todas las que entabla el régimen
lopezobradorista apoyado por sus rémoras en turno.
La iniciativa de marras pretende que se aplique la pena capital a los delitos de
violación, feminicidio y homicidio doloso eliminando la prohibición expresa
contenida en la Constitución General de la República, para lo cual se plantea
reformar los artículos 18, 22 y 29 y adicionar el 94.

En la exposición de motivos se afirma que “queda claro que agravar las sanciones
penales o incluso imponer cadena perpetua para ciertos delitos no ha
resultado una solución efectiva para inhibir la comisión de crímenes de extrema
crueldad” y agrega que “es deber y obligación del Estado enfrentar a los criminales
más desalmados con la severidad que se merece”.
No es la primera vez que el Partido Verde presenta esta iniciativa. Oportunista y
carroñero como siempre ha sido, hizo lo propio en marzo de 2009, en plena
“guerra contra el narco”, para castigar con la pena de muerte los delitos de
secuestro, terrorismo y homicidio calificado.
Sin embargo, en ningún país donde se aplica la pena capital, incluido Estados
Unidos, ésta ha reducido por sí misma la comisión de delitos graves. En una
exposición presentada durante el “Coloquio sobre la Pena de Muerte” en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el 3 de junio de 2010, la
investigadora de ese organismo, Olga Islas de González Mariscal, explicó que,
para empezar, la pena de muerte contravendría diversos acuerdos e instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos a los que México está adherido y
por lo cual, desde el año 2005, está suprimida de todos los ordenamientos penales
en nuestro país.
Pero el razonamiento más firme aportado por la académica es que “queda claro
que este pronunciamiento a favor de la pena de muerte tiene su origen en la
frustración y el enojo de la sociedad por el hecho de que las autoridades no
solucionen los alarmantes índices de inseguridad que se padecen; inseguridad
que ha cambiado, por miedo, la vida de los habitantes de este país”.
“Estos sentimientos de la sociedad son comprensibles, pero la pena de muerte no
es la panacea que resolverá los problemas de inseguridad. Hay que tener
presente que, de acuerdo con estadísticas serias generadas por organismos
oficiales, el 98 por ciento de los delitos cometidos quedan impunes por corrupción
o incapacidad de la policía para hacer frente a la delincuencia organizada que nos
asuela. Ante estos datos es absurdo pensar que el agravamiento de las penas
pueda ser la solución a la inseguridad y a la violencia desenfrenada que se vive en
nuestro país”, expuso.
Diez años después nada parece haber cambiado y se retoma una discusión
agotada e inútil. Porque lo que inhibe los delitos no es la existencia de penas
altísimas, sino su aplicación concreta. Esto es, que no exista impunidad. Pero
incapaz en todos los sentidos, la clase política gobernante recurre a “soluciones”
estrambóticas que le generen aceptación popular en medio de la indignación
provocada por su propia nulidad.
Además, con el sistema de “justicia” que existe en México, donde la misma se
compra y se tuerce para cobrar afrentas personales y venganzas políticas desde
el poder, ¿qué cree que pasaría si se retoma la pena de muerte?
Pena, pero de políticos que tenemos. Y son los que hablan de “transformación”.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

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