Rúbrica
Ultrajes, sedición y otras estupideces para reprimir en Veracruz
Por Aurelio Contreras Moreno
Cada día que pasa, Cuitláhuac García Jiménez se parece más a Javier Duarte de
Ochoa.
Tras detener mediante una celada –a la que se prestó un líder sindical “charro” al
que sus agremiados deberían considerar seriamente desconocer, pues está al
servicio de sus estultos patrones- a dos mujeres que participaron en la toma de las
instalaciones centrales de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), el régimen
“cuatrotero” se les echó encima con la clara intención de mandar un mensaje de
escarmiento a toda la burocracia estatal
La Fiscalía General del Estado imputó a Norma Midia “N” y Yelitza Lindali “N”
como presuntas responsables del delito de “sedición en agravio de la seguridad
del estado”, por haber tomado de manera pacífica las instalaciones de Sesver en
protesta por abusos y violaciones de tipo laboral, ampliamente referidas.
El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz establece en su
artículo 309 que por el delito de sedición “se impondrán de seis meses a seis años
de prisión, multa hasta de ochenta días de salario y suspensión hasta por dos
años en sus derechos políticos a quienes en forma tumultuaria, sin uso de armas,
resistan o ataquen a la autoridad para:
I. Impedir el libre ejercicio de sus funciones;
II. Evitar el cumplimiento de la ley;
III. Abolir o reformar la Constitución Política del Estado o las instituciones
que de ella emanen, o impedir la integración de éstas o su libre ejercicio;
IV. Separar o impedir el desempeño de su cargo a algún servidor público,
estatal o municipal.
La Fiscalía al servicio de un titular del Ejecutivo limitado y autoritario pretende
aplicar a las mujeres aprehendidas estos supuestos con base en lo que farfulló
García Jiménez en su conferencia de prensa de este miércoles: la toma de las
instalaciones supuestamente “interrumpió” un “embarque de vacunas”. Lo cual es
falso, pues no se obstaculizó ninguna actividad sustantiva y mucho menos médica
de la dependencia durante las protestas.
Pero suponiendo que así hubiese sucedido, Norma Midia y Yelitza no fueron las
únicas personas que participaron en las protestas. Por alguna razón, Cuitláhuac
García y su fiscal Verónica Hernández Giadáns decidieron ensañarse solo con dos
mujeres –lo que dice mucho de ambos-, violando además sus derechos
constitucionales.
El artículo 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
claramente que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse
pacíficamente con cualquier objeto lícito… No se considerará ilegal, y no podrá ser
disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o
presentar una protesta por algún acto o una autoridad”.
Lo que en realidad persigue el gobierno de García Jiménez es el disenso, el
derecho a protestar por los abusos de autoridad y la exhibición de las miserias de
un gobierno sin pies ni cabeza y altamente corrupto y autoritario.
Ya lo había intentado antes con la aberración jurídica que supuso el delito de
ultrajes a la autoridad, con el que metió a la cárcel a más de mil veracruzanos en
menos de un año, muchos de ellos precisamente por protestar.
Por lo visto la “sedición” será la nueva arma con la que Cuitláhuac García buscará
contener la protesta social. Y en especial la de los burócratas, que su única
manera de hacerse escuchar cuando son violentados es ejerciendo presión en sus
propios centros de trabajo.
Si en años pasados gobiernos anteriores hubiesen aplicado este mismo criterio,
miles de maestros habrían ido a parar a la cárcel por bloquear vías de
comunicación y edificios públicos cuando las manifestaciones contra la “reforma
educativa” del gobierno de Enrique Peña Nieto, otro de los mitos fundacionales de
la dizque “cuarta transformación”. Entre ellos, el propio Cuitláhuac García, en ese
entonces consumado “protestante” de la causa que fuere.
Cada día que pasa, Cuitláhuac García Jiménez se parece más a Javier Duarte de
Ochoa.
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