Rúbrica
La porquería de (los) poderes
¡Brava, Reyna Haydee Ramírez!
Por Aurelio Contreras Moreno
En los últimos días se han atestiguado en medios y corrillos políticos intrigas
palaciegas de la más baja estofa que no tendrían por qué interesarle a nadie, más
que a quienes se revuelcan en esos fangos, si no fuera porque están involucrados
recursos públicos desviados por millones entre los protagonistas.
La disputa entre una funcionaria del Poder Judicial y una diputada local por un lío
de su vida privada íntima –cada quién su estómago- trascendió a instancias
mediáticas y políticas, involucrando a las más altas esferas del poder en el estado.
Sin entrar en detalles morbosos, el encontronazo provocó que instituciones del
Estado fueran usadas para ventilar y ajustar cuentas personales. El Tribunal
Electoral de Veracruz –cada vez más sumiso y abyecto- emitió medidas cautelares
contra una de las involucradas, mientras que el Poder Legislativo se pronunció por
investigar los –muy conocidos y todo el tiempo solapados- malos manejos de la
otra en el Poder Judicial.
Solo que en el último caso, salieron a relucir algunos manejos irregulares de los
recursos de los que no se tenía tanta claridad, y que evidencian cómo los
“honestísimos” representantes de la dizque “cuarta transformación en Veracruz se
“despachan” con la cuchara grande.
Como parte de la respuesta desde el Poder Legislativo contra la empoderada
funcionaria del Judicial, este jueves el diputado del Partido del Trabajo, Ramón
Díaz, presentó un anteproyecto de acuerdo para exhortar a diferentes autoridades
a realizar investigaciones sobre los procesos de licitación y adjudicaciones
directas del Poder Judicial del Estado de Veracruz, toda vez que existe
información sobre prácticas de desvío de recursos en el Tribunal Superior de
Justicia.
Lo que expuso el legislador “aliado” de la “4t” es escandaloso: “hay indicios
suficientes para encontrarnos ante el otorgamiento de diversos contratos a
empresas fantasmas y es que los domicilios fiscales, que obran en los contratos
de estas asignaciones, transitan desde los estacionamientos, las vecindades,
construcciones en obra negra, lavados de autos, andadores, callejones, a las
cuales se les han otorgado millonarios contratos para adquirir material de
papelería, mobiliario y equipo de oficina, sanitización, compras de insumos para
prevenir contagios de COVID, mantenimiento de aires acondicionados, equipos de
cómputo; todo lo anterior, bajo esquemas de adjudicación directa o licitaciones
simplificadas, totalmente opacos y ajenos a los criterios de racionalidad del gasto
al ser notorios los sobreprecios en los que se adquieren dichos productos”.
Afirmó que “existe la sospecha de que se otorgó un contrato, por una cantidad
superior a los seis millones y medio de pesos, para adquirir mobiliario de oficina a
una persona física cuyo domicilio fiscal se encontraba, al momento en el que se
otorgó, en la ciudad de Martínez de la Torre, y donde hoy en día existe una
construcción en obra negra, donde se proyectan locales comerciales y una
cuartería”.
De acuerdo con el contrato, dicha persona física inició operaciones en enero de
2019 y para el final de ese año ya contaba con el capital suficiente para soportar
una compra millonaria como la otorgada, además que la dueña de la supuesta
empresa es una joven que al momento de la transacción contaba con 23 años de
edad.
Ramón Díaz mencionó que otro dato relevante lo constituyen los poco más de 14
millones y medio de pesos que se destinaron para sanitizar diversas instalaciones
del Poder Judicial, sin que exista constancia de que la persona física a la que se le
otorgaron dichos contratos, por adjudicación directa, contara con las
certificaciones necesarias para brindar dicho servicio.
En el mismo sentido –continuó- existen viáticos erogados por diversos
magistrados en los que “se encuentran duplicadas sus comprobaciones, así como
comisiones en las que trasladan cuadrillas de personal para realizar labores de
limpieza y jardinería en diversas instalaciones de los distritos judiciales, donde se
reportan gastos promedio de más de dos mil pesos diarios por persona”.
“Lo anterior nos lleva a pensar en las diversas situaciones en las que se ha visto
envuelta la administración del Poder Judicial del Estado de Veracruz, pasando
desde la aplicación de un llamado Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad del
año 2021, que desvió recursos etiquetados para el pago de los togados, hasta la
crisis financiera de la que extrañamente nadie se percató y que provocó la
solicitud a esta soberanía de una ampliación presupuestal por un monto de 500
millones de pesos, que según sus cuentas eran necesarios para salir de dicha
crisis y que al final, únicamente se otorgaron 200 millones de pesos, de los cuales
ni siquiera supimos si lograron ayudar a este poder a salir de la crisis o dejaron
pendientes económicos por resolver”.
Todo lo que despepitó Ramón Díaz en su anteproyecto de punto de acuerdo le fue
dictado por uno de los involucrados en el conflicto y que siempre ha sabido
exactamente lo que pasa en el Poder Judicial, pues operó su abordaje: el
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan
Javier Gómez Cazarín, el personaje en discordia –¡iiuuu!- en el conflicto de
marras.
Pero el penoso desaguisado entre la funcionaria y la diputada es también la
extensión y reflejo de una disputa política y de poder de dos hombres que
acostumbran usar y desechar a las mujeres y que comparten, además de gustos,
un mismo objetivo, que es la candidatura de Morena al Senado: el propio Gómez
Cazarín y el poderoso subsecretario de Finanzas del estado, Eleazar Guerrero
Pérez, quien es el “protector” de la funcionaria del Poder Judicial. Y
adicionalmente, primo hermano del gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
“orgullo de su nepotismo”.
Aunque no siempre, la sangre suele pesar más que las complicidades: este mismo
jueves, Cuitláhuac García se reunió con la funcionaria del Poder Judicial, quien
publicó sendas fotografías abrazando al titular del Ejecutivo estatal, con lo cual
dejó claro que éste no piensa mover un dedo en su contra. Seguramente, porque
saldría también embarrado de porquería.
Y “casualmente”, este mismo jueves Gómez Cazarín y Eleazar Guerrero
estuvieron en Casa Veracruz, la residencia oficial del gobernador y hasta se
tomaron fotos juntos, muy sonrientes. Por cierto, ¿qué hacía ahí un funcionario del
Comité Estatal de Morena, de nombre Yair Ademar? ¿Será que los “honestos”
usan instalaciones públicas para hacer “grilla” partidista?
La porquería de quienes medran con los poderes públicos en Veracruz ha
convertido a éstos en una porquería de poderes. Nada que extrañe ya, en
realidad.
Asueto
La Rúbrica se tomará unos días para veranear. A sus lectores y editores, gracias.
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