Rúbrica; La represión que ya está aquí, Por Aurelio Contreras Moreno


La detención del ex secretario de Gobierno y ex dirigente estatal del PRD Rogelio
Franco Castán a manos de la policía del gobierno de Veracruz reveló, entre otras
cosas, la manera como el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”
piensa tratar no solo a sus rivales políticos, sino a cualquiera que se le oponga o
critique.
Desde el mismo día de la detención, el pasado sábado 13 de marzo, trascendió la
versión de que Franco Castán se habría resistido al arresto y agredido al policía
ministerial encargado de esa tarea, por lo que se le imputó el delito de “ultrajes a
la autoridad”.
Es precisamente por ese ilícito –y no por el de violencia intrafamiliar por el que fue
denunciado por su ex esposa y para el cual contaba con un amparo que la policía
ministerial ignoró deliberadamente- por el que al ex funcionario del gobierno de
Miguel Ángel Yunes Linares le fue dictada la prisión preventiva de ocho meses sin
derecho a libertad condicional ni a cárcel domiciliaria. Tiempo suficiente para
sacarlo de la jugada electoral y desbarrancar su candidatura a una diputación
plurinominal por su partido. La intencionalidad política es más que evidente.
Pero sin prejuzgar sobre los hechos de los que lo acusa su ex cónyuge –a quien
para ello no le importó exponer al escarnio a sus tres hijas-, lo que destaca del
caso de Rogelio Franco es la aplicación de ese “novedoso” tipo penal de “ultrajes
a la autoridad”, de reciente adición al Código Penal del Estado de Veracruz y que
más pareciera ser una muy peligrosa arma en contra de cualquier ciudadano de la
entidad que se atreva a, simplemente, protestar contra cualquier abuso de la
autoridad.
La reforma al Código Penal aprobada “fast track” -¿hay de otra en la “4t”?- apenas
el pasado 11 de marzo incluye el delito de “ultrajes a la autoridad” bajo la
justificación de que se trata de “actos reprochables, cuya pena debe ser más
elevada que el tipo básico, precisamente por llevarse a cabo a través de la
violencia (…) o por la extrema desventaja”.
La enmienda establece, en su artículo 331, que “se impondrán de seis meses a
dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de
medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en
el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.
Se contemplan también en ese mismo numeral penas de cinco a siete años de
prisión cuando dicho delito “se realice por medio de cualquier tipo de violencia
contra la víctima” y “que se realice a través de cualquier otra circunstancia que
disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga
en condiciones de riesgo o desventaja”. Como puede observarse, hasta mirar feo
a un policía o a un funcionario podría entrar en la categoría de “cualquier tipo de
violencia contra la víctima”.
Asimismo, en el artículo 371 Quinquies se instituye que “se impondrán de siete a
quince años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de

medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o
elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el
momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en
razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle
como resultado lesiones o muerte”.
Rogelio Franco estará en la cárcel ocho meses por jalonear y rasgar la playera de
uno de los uniformados que lo detuvo y que hizo caso omiso del amparo que les
presentó. Pero su caso está lejos de ser el último.
Este mismo martes y aplicando ese nuevo “garrote” legal, fue detenido en la
capital veracruzana el vocero de los dueños de verificentros, Eduardo Mario
Cázares, mientras encabezaba una manifestación afuera de las instalaciones de la
Secretaría del Medio Ambiente por una disputa sobre el cobro de la verificación
vehicular en el estado. El mismo empresario había encabezado la semana pasada
otra protesta, afuera del palacio de gobierno, a donde fue a entregar una bolsa con
huevos para el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Y así, bajo esta tipología de “ultrajes a la autoridad” –que de acuerdo con el
dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano es equivalente al delito de “disolución
social” con el que el régimen del PRI diazordacista encarcelaba a los disidentes
políticos, y que en una versión similar del Código Penal de la Ciudad de México
fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- el
gobierno de la “cuarta” en Veracruz puede acusar, encarcelar y procesar a quien
sea.
Y puede ser desde un político opositor hasta un reportero en ejercicio de sus
funciones, una manifestante feminista o cualquiera que exprese públicamente su
desacuerdo o inconformidad con un abuso de autoridad.
¿Gobierno de izquierda? Sí, de la estalinista.
La duartista “4t”
Al que no hay ley que le aplique es al mercenario movimiento de los 400 Pueblos.
Una vez más, sus hordas se apoderaron de la plaza central de Xalapa -poniendo
en riesgo a la población al ser un foco de infección en medio de la pandemia- para
servir como golpeadores políticos del régimen. Igualito que cuando Javier Duarte
gobernaba.
¿O será que leen sus tuits en palacio de gobierno?
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

Noticias relacionadas

Deja tu comentario